Hoy 
La embestida de las fuerzas de la naturaleza contra este país, que ha causado decenas de muertes, daños cuantiosos a infraestructura y devastación por doquier, obliga a revisar el capítulo de las garantías que deben amparar las obras del Estado, en especial aquellas erigidas por firmas privadas.
Las obras del Estado, aparte de que generalmente requieren inversiones importantes, están llamadas a brindar servicios relacionados con la economía que al quedar interrumpidos generan trastornos muy serios y pérdidas económicas.
En estos días, en virtud de las furias de la naturaleza, hemos visto colapsar numerosos e importantes puentes y destruidos tramos de carreteras de gran desempeño para el transporte y la economía.
Varios de estos puentes colapsaron por erosión en sus aproches y columnas, al desbordarse los ríos.
Suponemos que deben existir ciertas garantías que le permitan al Estado obtener algún tipo de compensación en caso de que una obra resulte dañada por causa de imprevisiones o vicios del constructor y, por supuesto, omisiones o falta de rigor técnico en la supervisión.
El Estado debería apelar a sus recursos técnicos y medios para comprobar si la vulnerabilidad de algunas de estas estructuras ha obedecido a posibles vicios de construcción y a inobservancia de técnicas y normas de previsión de imprevistos como las crecientes.
Hay obras que no han colapsado, pero acusan un deterioro que no parece encajar con el corto tiempo que llevan en servicio. El puente Juan Bosch, que fue inaugurado el 19 de diciembre del 2001, hace apenas seis años, es un buen ejemplo a tomar.
El secretario de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, ha dicho que en caso de comprobar vicios en algunas de las obras colapsadas los constructores deberán pagar por ello.
Esperamos que esto sea así al pie de la letra.
Protección al consumidor
Los efectos de las perturbaciones meteorológicas han obligado al Gobierno a adoptar medidas de emergencia, puntuales y necesarias.
Se está procediendo a evaluar los daños y pérdidas y a disponer todas las operaciones necesarias para lograr que el país retome la normalidad.
La Secretaría de Agricultura, por ejemplo, dice que no habrá problemas de abastecimiento de alimentos, y la Secretaría de Industria y Comercio garantiza abastecimiento adecuado de combustibles.
Se nos ocurre que falta un instrumento por afinar en esta sinfonía de voluntades que apuesta a la normalización de la vida del país. En situaciones como la actual, la especulación con los precios y la manipulación de inventarios se convierte en uno de los peores enemigos del presupuesto familiar.
Es necesario que el Instituto de Protección al Consumidor sea puesto en máxima alerta y blandiendo la ley sobre la materia, para aplicarla desde el primer asomo de especulación con los precios de la canasta familiar.
Ya se escuchan quejas en el sentido de que detallistas han comenzado a provocar alzas injustificables en artículos de primera necesidad no afectados por el desajuste climático. Hay que ponerse en guardia.
