ROSARIO ESPINAL
En el recrudecido debate sobre la migración haitiana se quiere identificar a las ONG y algunos curas que trabajan con haitianos como culpables del problema.  Mal enfoque, porque si en el país se asignan responsabilidades, los culpables son los gobiernos dominicanos que han permitido la migración ilegal y los empresarios que contratan mano de obra haitiana en gran escala.

Por décadas, ambos sectores se han beneficiado de la explotación de seres humanos sin asumir responsabilidad social.  Saben que cuando las tensiones se agudizan, las voces “nacionalistas” se encargan de atemorizar al pueblo y encontrar chivos expiatorios como las ONGs y los curas.

Es sabido que en las últimas décadas los gobiernos dominicanos han permitido que funcionarios civiles y militares mantengan un flujo migratorio ilegal a cambio de prebendas.  En este sentido, el Estado dominicano no ha ejercido adecuadamente su función reguladora de la frontera.

La migración haitiana es sin dudas un grave problema para la República Dominicana y quien no lo vea así carece de compresión de las consecuencias sociales de tener un flujo migratorio ilegal de personas muy pobres.

Su presencia mantiene los salarios deprimidos porque siempre hay obreros dispuestos a trabajar en las peores condiciones.  De esta situación se benefician fundamentalmente los empresarios.

El caso clásico es la industria azucarera.  Después de siglos de existencia no se ha modernizado, precisamente porque siempre cuenta con trabajadores haitianos dispuestos a realizar trabajos muy fuertes por salarios muy bajos.  Luego se beneficiaron los empresarios de la construcción, del sector agrícola no-azucarero, del turismo, y una vez incorporados a esos sectores, los haitianos se extendieron al resto de la economía formal e informal.

Ningún país en el mundo que permite una migración de esta naturaleza y magnitud ha logrado la fórmula óptima de sobreexplotación laboral: que los inmigrantes trabajen en condiciones infrahumanas y cuando terminen su jornada desaparezcan del escenario social.  Porque resulta que los inmigrantes son seres humanos con las necesidades propias de la especie, y son algunas de esas necesidades que las ONGs y los curas tratan de satisfacer.

La segregación geográfica y social de la industria azucarera permitió en los años 60 y 70 que la presencia de haitianos no se sintiera en el resto del país; también eran menos.  Hoy en día no pasa desapercibida porque el número es mayor y están presentes en diversas áreas de la economía.

¿Puede entonces el gobierno seguir haciéndose de la vista gorda ante los problemas sociales que genera esta migración?

Posiblemente no por mucho tiempo.  Pero como ningún gobierno anterior ha querido cargar con la responsabilidad de buscarle solución a este complicado problema, es posible que las autoridades actuales quieran seguir ignorando el asunto, asumiendo que las proclamas nacionalistas siempre servirán de catarsis cuando surja un incidente que reviva el tema.

Mientras el Estado dominicano utiliza esta estrategia, la migración haitiana sigue aumentando porque las opciones laborales en República Dominicana, aunque precarias, son mejores que en Haití.  Y además, porque en la economía dominicana hay una voracidad explotadora que atrae mano de obra barata.  Para muestra vale decir que en el vocabulario económico dominicano la palabra competitividad se refiere a bajos salarios y devaluación del peso.

En este contexto de presión migratoria desde Haití y falta de disposición del Estado dominicano para regular la migración, la xenofobia que se expresa públicamente de manera intermitente sólo sirve para generar animosidad entre la gente y legitimar la irresponsabilidad del Estado.  Incluso los gobiernos adoptan el discurso nacionalista para su conveniencia mientras siguen permitiendo la migración ilegal.

El último episodio ha sido la reacción de molestia nacional por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Pero en vez de tomarse la sentencia como una injerencia extranjera injusta, o como una resolución que sólo anima la causa de las ONGs y los curas que trabajan con haitianos, debe asumirse como un recordatorio del grave problema legal que enfrenta la República Dominicana con la población haitiana radicada en el país.

La mayoría no son ciudadanos extranjeros en tránsito, sino haitianos que residen sin documentación en República Dominicana, o hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano.

Ante esta situación de ilegalidad migratoria que sólo seguirá agravándose, hay tres líneas de acción posibles para el gobierno dominicano: 1) hacer más de lo mismo, permitiendo que continúe la migración ilegal y manteniendo en el limbo jurídico a los haitianos y sus descendientes; 2) otorgar residencia a los haitianos que residen en el país y ciudadanía a sus descendientes nacidos en territorio dominicano; 3) repatriaciones masivas.  La segunda y tercera opción para ser eficaces en el control migratorio requerirían de un fuerte control fronterizo que evite nuevos reflujos.

Las tres opciones son muy complejas por sus consecuencias y las posiciones conflictivas que generan a nivel nacional e internacional.