Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
Con apenas 20 días restantes, luego de la publicación por parte de la Oficina Nacional de Planificación (Onaplán) para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y de la sociedad civil lleven sus apreciaciones sobre el nuevo proyecto de reglamento que normará las asociaciones sin fines de lucro, ni un sólo representante de ambos sectores ha acudido al Secretariado Técnico de la Presidencia con este propósito.
La fecha límite para hacer llegar las apreciaciones sobre un sector que juega un papel tan importante termina el 31 de este mes de marzo y dicho proyecto de Reglamento contempla, entre otros aspectos, que tales entidades podrán ser consideradas para recibir fondos públicos del presupuesto nacional o el aval del Estado.
La regulación así expresada permitirá apoyar la ejecución de programas y proyectos que promuevan contratos de servicio y convenios de gestión para fines o actividades de interés social.
El reglamento propone, además, que las entidades desarrollen actividades en áreas declaradas como prioritarias por parte del gobierno, entre las que cita salud, educación, medio ambiente, vivienda, saneamiento, alimentación, género, fortalecimiento y la participación democrática de la sociedad, generación de empleos e ingresos y otras áreas que se consideren prioritarias.
Este anteproyecto de decreto emanado del Poder Ejecutivo, mediante el cual se aplicarán los preceptos contenidos en la Ley 122-05 sobre la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en el país, fue confeccionado como un documento para ser sometido a debates y discusiones, mediante aviso publicado en la prensa desde mediados de noviembre del 2005.
Hemos estado esperando desde noviembre a que las ONGs acudan por ante nosotros para plantear abiertamente y en forma transparente sus ideas u objeciones, si las hay, pero hasta ahora nadie parece haberse motivado, explica el subdirector de Onaplán, licenciado Alberto Perdomo.
El subdirector Perdomo fue quien hace varios meses informó sobre el proceso inicial para rescatar a muchas ONGs que no tenían controles de supervisión ni se sabía de su existencia, con el fin de que se regularizan en sus actividades.
El empeño puesto por el Secretariado Técnico de la Presidencia que dirige el secretario Temístocles Montás, se basa en la necesidad de readecuar el marco de transparencia en que estas entidades operan y dan sus servicios.
El licenciado Guarocuya Félix, director de Onaplán, también sostiene que este sector presta importantes servicios que en algunas regiones y lugares complementan acciones gubernamentales, pero para lo cual deben estar sujetas a supervisiones que hagan más eficiente su participación.
El documento exige, entre otras cuestiones, que las ONGs estén previamente calificadas por un Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que fungirá como su dependencia rectora, a ser ubicada en Onaplán.
El documento contentivo de los lineamientos que regirán a las entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios, también contempla la exigencia de los programas generales de la entidad o de la ONG de que se trate, de sus planes operativos y de su presupuesto para el año en el que solicita, identificando fuentes de financiamiento, oficiales o del sector privado, tanto nacionales como extranjeras.
El nuevo reglamento proyectado resalta que las entidades, una vez constituidas y debidamente registradas, contraerán obligaciones contables, para lo cual cada asociación sin fines de lucro debe llevar una contabilidad organizada en la cual deberán figurar cada uno de los ingresos y egresos de la sociedad, con indicación exacta de la procedencia de los primeros y el destino dado a los segundos.
En caso de no cumplirse el requisito antes exigido, se indica que las entidades referidas deberán cumplir lo señalado, o de lo contrario la no observancia conllevaría a la pérdida de los incentivos fiscales contemplados en las leyes. Su permanencia estará también sujeta a la inscripción ante el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), debiendo aparecer en todos los documentos y cheques que emitan el número que les corresponda.
En los tres meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal, la entidad deberá presentar una declaración jurada informativa anual por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con los soportes documentales que avalen su razón social y sus funciones.
Además, se exige la comunicación mediante relación detallada de cada una de las donaciones internacionales recibidas con los datos de la entidad donante, el monto de la donación y los programas y proyectos a los que se destinarán dichos recursos.
Expresa que el uso de los bienes pertenecientes a una asociación sin fines de lucro por parte de sus miembros para un fin distinto a la naturaleza de su creación, conllevará la pérdida de los beneficios fiscales previstos en las leyes y normas tributarias y de ello responderán la persona o personas que resulten responsables de tal situación. Las donaciones a estas entidades sin fines de lucro, una vez aprobado el documento, podrán realizarse en dinero o en especies, pudiendo consistir en la entrega de muebles tangibles, inmuebles o en servicios cuantificables.
Entre otras previsiones, sostiene que las donaciones hechas a una asociación sin fines de lucro serán deducibles del impuesto sobre la renta del donante hasta una cantidad máxima del 5% de la Renta Neta Imponible del ejercicio fiscal en el que se haya efectuado.
Nuevo marco para ONGs
Desde que el Estado y una parte de la sociedad civil empezaron a enfocar las crecientes necesidades sociales de las que carece el país y desde el momento en que los recortados presupuestos gubernamentales resultaron en grandes menguas del presupuesto anual destinado a paliar la pobreza en algunas zonas urbanas y rurales, las ONGs sobresalieron como un brazo alternativo para los pobres solventar amplias necesidades sociales como salud, educación, deportes, problemas de medio ambiente y otros.
El fenómeno estuvo aparejado con los crecientes cambios políticos y económicos a los que se vio sometido el país desde principios de los años 80, lo cual hizo indispensable el papel de esas entidades sin fines de lucro.
Al recorrer más de dos décadas en el accionar de las entidades sin fines de lucro, no obstante su destacada participación y el hueco que han llenado al cubrir necesidades en aumento que el Estado no podía solventar, las ONGs han crecido en número, lo cual les ha permitido situarse en más de 3,300 que estaban registradas al pasado año 2005.
Su importancia se expresa en los RD$ 1,0 88 millones que el gobierno ha transferido de fondos directos provenientes del Presupuesto Nacional en ese año, fondos que se han destinado a cubrir necesidades, sobre todo, en las áreas señaladas.
Pero hoy en día, sus funciones se han complejizado hasta el punto de existir ONGs especializadas en niñas y adolescentes con problemas de embarazo, niños callejeros y explotados en el trabajo, madres solteras y maltratadas por sus compañeros y por la marginalidad, pero que no disponen de recursos para mantener sus hogares, así como entidades que acogen niños con discapacidad mental y física, pero que no tienen a la educación formal, lo cual los hace sentirse discriminados.
En este año 2006, atendiendo a los requerimientos planteados, unas 3,620 ONGs pidieron a las autoridades la apropiación de fondos por RD$1,301 millones para destinarlos a las funciones propias para las que están llamadas a cubrir. A pesar de llenar un vacío, muchas han sido tradicionalmente criticadas porque, entre otras cuestiones, no cumplen su cometido y, además, sirven de medio para que personas y grupos hagan fortunas, según las críticas más conocidas.
Muchas de estas entidades pertenecen a legisladores y profesionales con conexiones políticas y vinculaciones con el exterior, quienes muchas veces no cumplen con la ley, aunque otras afirman aprestarse a regularizar su situación.
¿Conciencia institucional?
En el transcurso de más de medio siglo de existencia republicana del país, es verdad que la nación contaba con una base legal tan avanzada que entonces no se correspondía con la realidad socioeconómica de la nación.
Desde el punto de vista político, poco le importaba al despotismo ilustrado prevaleciente hasta 1961 y que se extendió mucho más allá, el hecho de que no existiera unicidad entre la base económica y la superestructura jurídica de la República Dominicana.
Al final de cuentas, sólo la fuerza definía el rumbo de la convivencia social y de la vida política.
Desde que al avanzar los años 80 los gobernantes empezaron a darse cuenta de la necesidad de acoplar el ejercicio de la democracia política con el avance económico y tecnológico, se amplificó la idea de efectuar grandes cambios jurídicos que correspondieran a lo que hoy llamamos reformas.
Para el país, la década de los 90 y el comienzo del siglo XXI es lo que mejor corresponde con las transformaciones en todos los órdenes, a lo cual es preciso agregar que ha llegado el momento de hacer corresponder las reformas jurídicas y en todos los órdenes con la solución práctica a todos los problemas confrontados por los dominicanos.
No obstante los avances, a este proceso de institucionalización no se han acostumbrado muchos dominicanos, quienes aún no se adaptan a las situaciones cambiantes a que han incitado las últimas transformaciones.
En el caso de las ONGs y los representantes de la sociedad civil que fueron convocados mediante aviso pagado para que aportasen su opinión sobre el reglamento que habrá de regularlas, el asunto parece no tener hasta ahora mayor trascendencia.
