MANUEL QUIROZ 
Un estudio comparativo de parámetros internacionales permite establecer los factores que inciden negativamente en los esfuerzos realizados para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, a fin de que cumplan su vital función social en la etapa de retiro de empleados y trabajadores.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se enfoca hacia políticas de promoción social, ha identificado principalmente esta debilidad en las bajas contribuciones, a lo que se unen otros elementos como la evasión y la elusión, o sea el poco interés o la falta de conciencia de parte de los propios trabajadores y de sus empleadores.
Todo esto atenta contra la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y, por ende, reduce de forma sustancial la posibilidad de que a la hora del retiro se pueda optar por jubilaciones en niveles de cuantía que permitan un desenvolvimiento económico en condiciones dignas y de cierta holgura.
La República Dominicana no escapa a esta realidad y reflejándonos en ese espejo, deberíamos reflexionar en el contexto de lo expuesto por la presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), quien ha revelado que el 53% de los trabajadores dominicanos no cotiza regularmente en las cuentas de pensiones, lo que afecta la posibilidad de una jubilación adecuada al producirse el retiro.
A la luz de ese señalamiento de Kirsis Jáquez, queda claro entonces que este es el principal factor de la baja densidad en las cotizaciones y a su vez explica cómo su poca frecuencia en los aportes perjudica el sistema de pensiones en el país.
Tal como ha indicado con precisión, la pensión es proporcional al ahorro y sin acopio de fondos no se puede lograr una buena jubilación, algo que los trabajadores deberían comenzar a entender, pues la dejadez se vuelve contra ellos en el final de sus vidas productivas.
El problema parece residir básicamente en que, contrario a lo que establece la legislación dominicana, aquí no se realizan con regularidad los aportes establecidos y esto afecta la plataforma financiera que sirve de soporte a las pensiones.
Esta irregularidad debe conducir a una investigación que abarque, para la toma de medidas y soluciones, las estructuras patronales, porque según las cifras disponibles a junio pasado, la mayoría de los trabajadores afiliados no recibe aportes en sus cuentas de pensiones.
El dado ofrecido por Jáquez no puede ser más esclarecedor, ya que de más de 3 millones de afiliados a las AFP, el 53% no cotiza regularmente, lo que significa que más de la mitad de ellos no está ahorrando para su provecho futuro.
De acuerdo con cifras oficiales, del 47% que cotiza con cierta regularidad y más de una tercera parte recibe aportes en base a salarios inferiores al salario mínimo. Esto indica que esos afiliados están recibiendo en sus cuentas cotizaciones por debajo de lo que les corresponde, según establece la Ley de Seguridad Social.
Aunque reciben un buen rendimiento producto de la rentabilidad que generan las AFP con la inversión de esos recursos, estos trabajadores no podrán acumular un fondo suficiente para financiar su pensión si persiste este inconveniente.
Aunque las AFP dicen haber advertido acerca de las cotizaciones por debajo del salario mínimo, según se reportan en las estadísticas del sistema, hasta el momento ninguna iniciativa se ha tomado para tratar de solucionar la situación.
A esto se agrega que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ha llamado la atención sobre los casos de empleadores ficticios que cometen fraudes contra el sistema al reportar miles de trabajadores a través de nóminas falseadas.
El alcance de esta anomalía es mucho más grave como resultado de la evasión y elusión contra la seguridad social a través de aportes que reportan salarios por debajo del ingreso real que devengan trabajadores afiliados.
Es evidente, pues, que estamos ante una cuestión que amerita una acción inmediata y profunda de parte de las autoridades correspondientes, para abordar el problema de manera objetiva, tomando como base los verdaderos causales que perjudican y limitan los niveles de pensión promedio que se proyectan.
