En estas últimas semanas las pensiones -sean estas justas o amañadas- han estado en la palestra pública, al salir a relucir que funcionarios privilegiados disfrutaban de suculentas pensiones sin haber servido el tiempo exigido para obtener tal privilegio y algo peor todavía, asignándose sumas por encima de lo que especifica la ley sobre la materia, especialmente en los organismos descentralizados.

   Durante la campaña electoral pasada, el presidente Leonel Fernández utilizó este controvertido recurso  para  captar votantes para el partido político del cual es líder.  Por eso, pensionó un nutrido grupo de personas, algunas con méritos muy escasos sin tener, ni el tiempo necesario ni las necesidades económicas para sustentarlas.  En tal virtud, creyendo que todavía estaba vigente el artículo 55 de la Constitución anterior, el cual permitió a todos los mandatarios hacer todo lo que les venía en ganas.  Entonces, premió a músicos, cantantes, artistas, actores, comediantes, escritores y otros destacados ciudadanos, con estas cuestionables prerrogativas, a cargo del Estado Dominicano.  Sin embargo, más de 5,000 picadores de caña, que laboraron por más de 40 años en los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que sí necesitan de los recursos que cotizaron en la Seguridad Social, a estos no se les satisfizo, a pesar de que ya cumplieron su ciclo productivo en la vida y ya no pueden volver a utilizar la mocha para el corte de caña y mantenerse durante su vejez.

   La Superintendencia de Seguros (SIPEN), ha informado que los únicos planes de retiro complementario calificados son los del Banco Central y el del Banco de Reservas, y que están fuera del sistema de capitalización individual establecido por la Ley No. 87-01, las instituciones siguientes: Liga Municipal Dominicana, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Suprema Corte de Justicia, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional y Junta Central Electoral (JCE), por lo cual tendrán que ser descontinuados conforme al Decreto No. 616-12, emitido por el presidente Danilo Medina.

 Ante la inmoralidad que significa el hecho de que encumbrados funcionarios públicos se hayan auto otorgado jugosas y desproporcionadas pensiones, amparadas únicamente en el respaldo de sus consejos directivos, fueron lo que motivaron el Decreto No. 616-12 que ordena desmontar todos los planes de pensiones complementarias.  A su vez, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), exhortó a todos los funcionarios y empleados públicos activos que gozan de pensiones, que suspendan inmediatamente las mismas para dar cumplimiento a la Ley 379-81.  A nuestro entender, esto no surtirá el efecto deseado, ya que jurídicamente un decreto no puede derogar una ley.  Por eso un grupo de legisladores, encabezados por el diputado Francisco Matos (PLD), elaboraron un proyecto legislativo, el cual pretende que toda persona que ha cobrado pensión mientras laboraba como funcionario o empleado público, devuelva el dinero así cobrado al Estado Dominicano.

   El presidente de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctor Marino Vinicio Castillo de su parte entiende que el sistema de pensiones debería ser regulado por una nueva ley.  Estas reacciones han traído como consecuencia inmediata, que varios funcionarios públicos hayan renunciado a sus substanciosas e ilógicas pensiones.  Algunos son tan desvergonzados, que no es de dudar que también posean una Tarjeta de Solidaridad.

   Los legisladores de la denominada “Cruzada Legislativa”, han solicitado que la acción de devolución se extienda al Banco Central, Banco de Reservas, Banco Nacional de la Vivienda, Dirección General de Aduanas, Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Junta Monetaria y cualquier otra institución que tenga una situación similar.  Es de público conocimiento, que varios funcionarios que laboraron en las instituciones antes mencionadas, están cobrando desorbitadas pensiones, algunas millonarias, mientras continúan desempeñando funciones públicas.  Sin embargo, en el pasado un tal Hotoniel, que debía perseguir este tipo de corrupción y otras similares, al parecer fue un seguidor de aquella política del presidente Balaguer, que ante hechos similares se hacía  sordo, ciego y mudo, llegando al colmo de exonerar   a funcionarios que adquirieron inmensas y dudosas fortunas. Afortunadamente, el presidente Medina ha hecho honor a su promesa de campaña y ha tomado el toro por los cuernos y  de paso le ha puesto el cascabel al gato.