Con su reclamo de 708 millones de dólares para terminar, con 18 meses de retraso, las plantas de carbón de Punta Catalina, el Consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella propina un golpe severo a la obra cumbre del presidente Danilo Medina, afectada desde el inicio por denuncias de sobrevaloración y sobornos en su contratación y financiamiento.
El gobierno la tiene muy difícil, pues por lo menos tendrá que reconocer siquiera una parte del incremento de costo para evadir una recurrencia al arbitraje internacional que retrasaría la obra por al menos hasta el 2020, con pocas posibilidades de ganarlo porque el complaciente contrato dejó abierta la posibilidad de escalamiento de costos.
Jaque mate al Gobierno.- Aunque hace meses que se sabía que el consorcio Odebrecht preparaba una solicitud de incremento de costos de las plantas de carbón de Punta Catalina, ha impactado el volumen de 708 millones de dólares, tanto que se podría creer que fue inflado expresamente para posteriormente reducirlo a los entre 300 y 500 millones de que se hablaba, dejándole a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un margen de reducción que pueda amortiguar el golpe de cara a la opinión pública.
En lo inmediato la respuesta de la CDEEE, con los altos funcionarios evadiendo involucrarse en la nueva fase del escandaloso contrato, ha sido que no pagará ni un centavo más de los 1,945 millones de dólares convenidos, además de 95 millones deducidos por impuestos que completaban el monto original de 2,040 millones, y su principal ejecutivo, Rubén Bichara, llegó a advertir que no descarta ninguna opción, incluyendo la posibilidad de concluir las plantas buscando otra constructora.
Esperan ahora la reacción del consorcio, dudándose que ya pueda decir que lo deja así y que concluirá el año próximo, como se había sostenido hace meses. Primero porque la empresa no puede sorprenderse de tal reacción dados los tremendos cuestionamientos que se han formulado desde el comienzo al costo, que muchos denuncian sobrevaluado, y segundo porque su mermado crédito se hundiría hasta el fondo, si admite que pretendía 708 millones de dólares de regalo. Otra cosa es que negocie y asuma una parte de ese costo adicional. Según la contratación, la primera planta debió ser entregada en agosto recién pasado y la segunda en octubre próximo. Con el reclamo de incremento de costos, llegó un nuevo calendario de entrega para febrero y mayo del 2019.
Sería 36.4% de incremento Odebrecht podría argumentar que de todas las obras que ha construido en el país, las Catalina sería las que menor proporción de incremento de costos tendría, ya que los 708 millones adicionales «sólo» implican el 36.4% sobre lo contratado. De una decena de obras de las que se dispone información total, en las que menos se incrementó el costo del contrato fueron en las carreteras Bávaro.Miches y Río-Jarabacoa, con 40 y 41% . El Corredor Duarte y la Autopista del Coral le siguieron con 79 y 86% . Los extremos se dieron en el Acueducto Hermanas Mirabal con 236%, la hidroeléctrica Palomino 164%, carretera Casabito-Constanza 157% , presa de Pinalito 140% ,y el acueducto de Samaná con 103% de sobreprecio.
Se cree que en la mayoría de los casos esos incrementos de precios fueron parte de la corrupción metódica confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, que en el caso dominicano implicaron sobornos por 92 millones de dólares, de los que derivó beneficios adicionales por 163 millones. Cuatro de las diez obras más sobrevaluadas por la constructora en toda la región fueron ejecutadas aquí, la segunda el acueducto Mirabal.
El expediente de la Procuraduría General por sobornos dice que en todas las obras ejecutadas por Odebrecht medió el soborno para su contratación y financiamiento, aunque posteriormente se rectificó sosteniendo que en las plantas eléctricas sólo ocurrió para la aprobación del financiamiento y que por ello hay un senador y un diputado imputados, pero sin identificarlos. Ni tampoco han explicado por qué hubo que pagar para aprobar el financiamiento de la obra prioritaria del gobierno, y sólo a dos legisladores, cuando el partido gobernante controlaba los 32 senadores y el 57 por ciento de los diputados.

Hasta US$ 3 mil millones El contrato deja brechas para que Odebrecht haya reclamado ajustes de precios, incluyendo algunos por no haberse realizado los estudios de impacto ambiental del puerto en Punta Catalina. En su número 9.1 indica «Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9». Se contempla que «cualquier variación que implique el aumento de precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para la aprobación de la Vicepresidencia de la Corporación». El 12 deriva al gobierno la responsabilidad del costo de «implementación de medidas de protección, contención o remediación derivadas del posible impacto ambiental».
Es obvio que el contrato fue generoso con la Odebrecht y que le deja margen a sus actuales reclamos de ajustes de costo y postergación del plazo de entrega, poniendo al Estado en dificultad de afrontar un arbitraje internacional, y determinando una posible transacción. Las perspectivas indican que el costo pasaría de los dos mil 500 millones de dólares y se aproximaría a los 3 mil millones que los críticos más duros vaticinaron desde el comienzo, cuando se le sumen los costos financieros del atraso de por lo menos 18 meses, además de la inversión en líneas de transmisión, en los terrenos y la deducción de impuestos. Peor si se parte del estimado de la Comisión Presidencial sobre Catalina de que se pierden 25 millones de dólares por cada mes de retraso, lo que implicaría 450 millones de dólares.
El contrato prevé sanción por los retrasos, que seria aplicable a Odebrecht si se demostrara su responsabilidad y no del financiamiento lento como ella alega. Pero está limitado a un máximo del 10%, es decir 194 millones de dólares. El Estado ha tenido que financiar las plantas del presupuesto y en bonos soberanos porque el préstamo de 650 millones de dólares acordado con el Banco de Desarrollo de Brasil, quedó congelado con el escándalo Lava Jato, y de otros 600 millones firmados con un pool de bancos europeos quedó a medias por la corrupción envuelta.
Un auténtico desastre Por más vueltas que se den, no hay manera de que el gobierno del presidente Medina salga bien de su obra emblemática, que le perseguirá hasta el final. El acuerdo de impunidad firmado por la Procuraduría con la Odebrecht y homologado por un juez le resta posibilidades de negociar y accionar penalmente contra la empresa y lo deja a sus expensas. El altísimo costo de las plantas reducirá la promesa de energía barata.
Lo de buscar otra contratista para terminar las plantas es una simple bufonada, después de haber fundado el cuestionado acuerdo de impunidad en que sería muy costoso y casi imposible cambiar la constructora. Ahora menos porque el reclamo de incremento de costos involucra a todo el Consorcio Odebrecht-Tecnimont -Estrella. No vieron a tiempo el palo que se le venía encima, que era secreto a voces desde fines del año pasado, y por lo que la Comisión Presidencial advirtió que no deberían aceptar ajuste de precio.
Pero al mismo tiempo, la comisión de notables reconoció que la responsabilidad del financiamiento, de acuerdo al contrato, es del Estado y no del contratante, como indicaba la licitación. Y la Odebrecht atribuye el retraso en la obra al difícil flujo de caja, y funda su reclamo de ajustes en imprevisiones de estudios ambientales que determinan cambios en el puerto, a modificaciones de planos y cronogramas de trabajo, con las consiguientes alzas en mano de obra, y pago de seguros.