Hace unos 12 años fueron depositadas en Manzanillo, Montecristi y Arroyo Barril, Samaná, unas 57,000 toneladas de “rockash” (residuos o cenizas de carbón mineral) provenientes de una empresa de electricidad norteamericana radicada en Puerto Rico, lo cual generó encendidas protestas de ambientalistas, medios de comunicación y las comunidades afectadas, terminando con un proceso judicial en tribunales dominicanos y estadounidenses que culminó con el pago de una indemnización de unos 6 millones de dólares (alrededor de doscientos millones de pesos) al Estado dominicano.

Funcionarios gubernamentales de esa época plantearon públicamente la utilización de esa basura puertorriqueña en la fabricación de cemento y en el asfalto utilizado en construcción de carreteras y así el país se beneficiaría de los dólares y estos usos colaterales.

El vicepresidente ejecutivo de la corporación de electricidad estatal (CDEEE), señor Rubén Jiménez Bichara, defendiendo el proyecto de una termoeléctrica de carbón en Baní, ha dicho que el “rockash” no es dañino al medio ambiente ni a la salud, poniendo como ejemplo lo sucedido con Itabo en Haina, donde durante 30 años de operación no ha sucedido “nada”, planteando, además, que las nuevas plantas, no solamente corregirán los fatídicos apagones, sino que, en corto plazo, devolverían la inversión inicial, economizando unos 500 millones de dólares anuales y produciendo un “rockash” diferente al que originó la multa a la firma norteamericana, ya que, aparentemente, por ser de origen local, dominicano, será inofensivo, según investigaciones, estudios y estadísticas que nadie conoce, salvo el funcionario, aparentemente convencido de que, por ser más baratas, hay plantas milagrosas y, por no ser dejado como basura en nuestro territorio, hay un “rockash” provechoso.