Es inadmisible que Estados Unidos interprete como violatorias de derechos las regulaciones que legítima y legalmente República Dominicana aplica a inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades y que atribuya a prejuicios raciales tratamientos desproporcionados pero aislados a estadounidenses de color que arribaron al país recientemente.

El Estado dominicano ha refutado las acusaciones exponiendo los elevados costos sociales y económicos en demostración de que los haitianos han tenido acceso ilimitado a servicios públicos incluyendo de manera intensa los del renglón sanitario sin que se les niegue atención por su estatus irregular; y la anarquía reinante al otro lado de la frontera obliga a mantener una vigilancia militar que consume elevados recursos presupuestales para preservar la ley y el orden amenazados, real y efectivamente, por las crisis interminables en que está sumido un país de instituciones infuncionales.

Puede leer: Elevar con rigor la calidad docente debe continuar en agenda

Ninguna nación soberana renuncia a defender su integridad con actos de orden jurídico para regular ingresos y prohibir permanencias que violen sus normas. Es lo que hace Estados Unidos todos los días con el patrullaje de sus guardacostas que cierran paso por el canal de la Mona mientras miles de centroamericanos ruegan con escasos resultados una aceptación humanitaria en EUA a través de la frontera con México. En cambio, sectores de la economía dominicana, agrícolas y de construcción, entre otros, proveen a los haitianos más empleos aquí que los que consiguen en su país.