Las presiones que recibe hoy el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de parte de militantes que exigen un puesto en el Gobierno, no son más que el reflejo de una ancestral cultura política basada en la repartición del pastel de un Estado que muchas veces se asemeja a una tabla de salvación para quienes no tienen una oportunidad en el sector privado.

Aunque el PRM promueve un cambio en la administración pública, a partir de la reducción de la nómina o la supresión de entidades que han perdido su razón de ser, en la mentalidad de quienes apostaron al triunfo de ese partido tal razonamiento no cabe, y por eso los reclamos aumentan casi un mes después de la toma de posesión del presidente Luis Abinader.

Los decretos que a diario emite el Poder Ejecutivo se convierten en el muro de las lamentaciones para quienes aún no han sido favorecidos con un nombramiento.

Las quejas se esparcen en todos los ámbitos, sobre todo en redes sociales, y entre los argumentos que exponen los militantes perremeístas subyace la facilidad con que gente no vinculada al partido ha obtenido puestos importantes, igual que miembros de una misma familia.

Entre la dirigencia media y la base del partido se cuestionan compromisos que habría asumido el presidente Abinader, en el último tramo de la campaña electoral, con sectores que dieron apoyo político y financiero, y al parecer han logrado cargos de relevancia.

Otra de las quejas de la militancia es que muchos empleados del anterior Gobierno aún conservan los cargos, mientras siguen sin trabajo cientos de perremeístas que aportaron al triunfo del partido.

La piedra de choque del Gobierno para abrirle espacio a la mayoría de sus correligionarios está en las regulaciones que impone la Ley de Carrera Administrativa, tomando en cuenta que solo son de libre nombramiento o remoción los puestos de alta jerarquía como ministros, viceministros, gobernadores, así como los denominados cargos de confianza, en los que entran los asesores.
Para puestos de directores, subdirectores, analistas y supervisores aplican concursos, por lo menos así lo indica la ley. Está exento de concurso el personal administrativo y de conserjería.

¿Promesa en saco roto? Una de las promesas del presidente Abinader, en su programa de Gobierno, es hacer del Estado un órgano más eficiente, evitando la duplicidad de funciones con entidades inoperantes.

Aunque el mandatario dispuso la disolución del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FOMPER), del Despacho de la Primera Dama y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y de Procomunidad, al parecer no pasará lo mismo con otras entidades que solo engrosan la nómina pública.

De hecho, ya se han nombrado los incumbentes del Instituto Nacional de la Aguja, de la Dirección de Embellecimiento de Carreteras, de la Comisión Hípica Nacional, Instituto de Estabilización de Precios, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, y de la Unidad de Electrificación Rural, por citar solo algunas.

El desafío en medio de una pandemia. Eliminar las denominadas “botellas” de la nómina pública es otra de las promesas del presidente Abinader, y de hecho, ya varios funcionarios han informado sobre la cancelación de decenas de personas que cobraban sin trabajar en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud.

Sin embargo, el desafío que tiene el Gobierno en estos momentos es reducir el tamaño de la nómina pública, en medio de una pandemia como la covid-19, cuya secuela económica se resume en el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos.

De modo que achicar la empleomanía en el Gobierno se contrapone con la necesidad de trabajo, tomando en cuenta que al 31 de agosto pasado la Tesorería de la Seguridad Social registró 5,312 empleadores menos que igual período de 2019.

Según la entidad, hasta agosto de este año había 84,821 empleadores, y en 2019 había registrados 91,133.