La deuda con la sociedad dominicana en materia de educación es incalculable tras la pandemia que hundió garras en el sistema educativo poniendo en desbandada a profesores y alumnos con mayor perjuicio para el sector público cuyas fallas institucionales de siempre se acentuaron por la ineficiente aplicación del 4%. Un azote que hizo mella, sin anularla significativamente, la función docente de las clases media, alta y muy alta que lograron adaptarse a las alternativas de lo no presencial; niveles estos que en toda época, y para satisfacción de familias acomodadas o de ingresos suficientes, escapan a la dirección gremial políticamente comprometida lanzada ahora a repetidas paralizaciones de docencia, colocada de espaldas a las urgencias de auspiciar la permanencia de maestros en aulas repletas de pobres.

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Se recurre a la conflictividad llevando a extremos unas demandas de tipo salarial, principalmente, que aun fuesen justas inutilizan un servicio público de tan primera necesidad que las negaciones del pan de la enseñanza con las que insiste la ADP repercuten con una mayúscula exclusión que aleja a cientos de miles de niños de los aprendizajes que real y efectivamente contribuirían a su salida de la pobreza. De ninguna manera los objetivos de bienestar de algún sector laboral (limitado numéricamente) pueden estar por encima de la meta de lograr una escolaridad de permanencia y calidad; de alcance demográfico masivo.