Hoy 
POR ENRIQUE MARCHENA PÉREZ
Entre las prioridades que requiere urgentemente resolver la nación dominicana, casi en vías de extensión, para que pueda sobrevivir como república libre e independiente, en el futuro incierto que nos depara por ciertas inconductas, como consecuencia de la degradación institucional que nos avasalla, debemos fundamentalmente fortalecer la soberanía del Estado dominicano.
La prioridad de asegurar la soberanía nacional basada, tanto respecto al principio como al concepto de nación y del Estado dominicano, sobre el territorio nacional y de sus instituciones conforme la establecieron los Trinitarios, por la declaración de que «somos libres e independientes» inserta en la carta que dirigiera Francisco Sánchez, Joaquín Puello y otros, en fecha 28 de febrero de 1844, al general Desgrotte, comandante de la Plaza con asiento en la Fortaleza Ozama, a consecuencia de los acontecimientos ocurridos la noche anterior del 27 de febrero; al manifiesto de los pobladores de la parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, de fecha 16 de enero de 1844; consolidada con la Restauración el 16 de agosto de 1863 y otros eventos singulares hasta nuestros días para poder llamarnos dominicanos, lo cual se desvanece cada día más.
Este preámbulo es para llamar la atención a los verdaderos dominicanos de que si no toman medidas heroicas, pronto dejaremos de ser República Dominicana y pasaremos a ser la «república de chichirichi», como lamentablemente vemos en el futuro cercano por la desidia de la mayoría de líderes de todos los sectores, que permiten indiferentemente enfrentar la amenaza que por cerca de 40 años viene presentándose sigilosa, a la vista, con conocimiento, con advertencias e irresponsabilidades; proclive a causar el desmoronamiento de la soberanía nacional, como se evidencia y ocurre con el desplazamiento de los ciudadanos dominicanos del campo y de los pueblos del interior, al perder sus empleos, pasando a formar los barrios marginados de las principales ciudades invadiendo terrenos del Estado y privados; cuyas consecuencias resultan peores que las que ocurrieron con las devastaciones de Osorio de 1606, factor que va en perjuicio de la nación dominicana.
No es posible que la carga de las deficiencias del vecino país, cuya solución nos la han dejado a nosotros, un pequeño y pobre país, de lo cual también se aprovechan malos dominicanos, con lo que demostramos que somos tan pendejos que admitimos, aceptamos y cometemos el error irreparable de ayudarlos en nuestro territorio, agudizando la causa principal del desempleo de los dominicanos, permitiendo la migración ilícita cuando debemos enfrentarla, pero jamás por esa ilegalidad debemos concederles la nacionalidad y afianzar la seguridad fronteriza; asistiéndolos en lo que sea posible, al otro lado de la frontera, para evitar que nos calumnien con toda una serie de acusaciones injustas que nos hacen internacionalmente para desprestigiarnos.
Podemos enumerar otras propiedades de la nación como son los problemas de salud, la educación, la falta de identidad por no realizarse la declaración de nacimientos y otras; así como el criterio que tienen muchos ciudadanos, ahora que se habla de las consultas populares para modificar la Constitución, como es la creación de un Tribunal Constitucional dentro del seno de la Suprema Corte de Justicia, cuando cada juez o tribunal está en la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos constitucionales de todos los dominicanos o la del disparate de un defensor del pueblo.
Un ejemplo que tenemos y es por lo que estamos tan mal, lo constituye el haberse aprobado el fotocopiado, ilógico, incompleto y gravoso Código Procesal Penal, de una provincia de Argentina, impuesto por agentes extranjeros, poderosamente financiados, que con falacias y en contra de nuestra cultura y tradición jurídica; argumentaban que contribuye a hacer reconocer «principios fundamentales» los cuales por décadas estaban vigentes, aprovechándose que carecemos de instituciones nacionalistas de abogados que debieron enfrentar tal desplante. De pronto muchos sectores y abogados piden que a dos años de su imposición se modifique, cuando lo correcto que debe hacerse fundamentalmente es derogarlo por absurdo y disparatazo.
En verdad hay prioridades necesarias que resolver como lo es imponer orden en el país, debido a que los ciudadanos dominicanos no quieren cumplir la ley, a consecuencia del populismo y el clientelismo. Tenemos por ejemplo que no aplicamos los reglamentos del tránsito y de urbanismo. Está muy correcto el horario para controlar la venta de bebidas alcohólicas, sancionar el conducir pasado de tragos para evitar los mortales y terribles accidentes de tránsito, la seguridad ciudadana, Barrio Seguro, equipamiento a la Policía Nacional y otras medidas de orden público.
Hay muchos movimientos cívicos de la llamada sociedad civil, sindicatos y partidos políticos entre otros que utilizan la frase de «lucha popular» para reclamar obras, reivindicaciones de todas clases; pero lo esencial que es la preservación de la soberanía de la nación les importa un bledo, pronto los futuros ciudadanos chichirichineros (ex dominicanos) lamentarán no haber asumido a tiempo preservar la soberanía nacional.
