Durante décadas el Presupuesto público dominicano ha sido manejado con pocos criterios de eficiencia y fundamentado en la discrecionalidad de los funcionarios, el incumplimiento de las más elementales normas de las finanzas públicas  y  al margen de las prioridades que se derivan de las funciones que les son atribuidas al Estado por la Constitución y las leyes.

Las restricciones que imponen la realidad de que los recursos con los que puede contar cualquier organización o persona son escasos y de usos alternativos ameritan que la utilización de los fondos del Estado se haga con apego a una cuidadosa determinación de las prioridades sociales, con la mayor eficacia y/o eficiencia posible, y apegado a la máxima transparencia.

Como es bien sabido, el establecimiento de las prioridades de gastos en el presupuesto dominicano no está reglamentado y tampoco obedece a los criterios de eficiencia, eficacia y economía como principios elementales de una buena gestión de los recursos públicos.

Esta ausencia de normas y criterios estratégicos para la aplicación de los fondos del Estado conlleva  que se inviertan altas sumas de dinero en obras, proyectos y  actividades divorciadas de las necesidades sociales y del desarrollo del país.

De igual manera la proliferación de una enorme cantidad de entes e instituciones, consejos, comisiones y oficinas burocráticas con funciones duplicadas, contribuyen a la erosión de manera improductiva de decenas de miles de millones de pesos.

En este esquema de repartición del presupuesto, han sido creadas dependencias cuya función principal es servir de fuente de financiamiento de una clase política parasitaria que en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha preocupado por obtener los conocimientos elementales para gestionar el Estado.

Todo lo anterior tiene como consecuencias una aberrante distorsión en cuanto al establecimiento de las prioridades hacia las cuales deben orientarse los recursos del Estado y una pésima calidad del gasto que realiza el Gobierno.

Es notoria también la creación, existencia y mantenimiento de entidades e instituciones estatales élites, en las que una burocracia fina y de poca sensibilidad social disfruta de salarios y beneficios sociales muy superiores a los de las élites de las empresas privadas y a los de funcionarios y empleados generales públicos y privados del país.  

Si  bien es cierto que presión fiscal o relación Ingresos Tributarios/Producto Interno Bruto es limitada, mucho más lo es que la aplicación que han estado haciendo los gobiernos de los fondos recaudados y de los recursos por endeudamiento no ha obedecido a una política de prioridades vinculadas a las grandes carencias en materia de educación, salud, vivienda, etc. que demandan las funciones sociales del Estado.

La ausencia de una visión estratégica de las prioridades de la sociedad y del Estado nos ha conducido a un creciente endeudamiento para desarrollar proyectos o inversiones que, más que contribuir al desarrollo humano, a la cohesión social, han respondido a intereses particulares y sueños al margen de la realidad de pobreza y marginalidad que afecta a la mitad de la población.

Para el próximo año, alrededor del 30% del Presupuesto tendrá que ser destinado a la deuda pública. Esto representa unos 113,469 millones de pesos.

Una pregunta que debemos hacernos es ¿los indicadores de desarrollo social y humanos que exhibimos se corresponden con el volumen de ingresos internos y préstamos que hemos dilapidado en los últimos años? 

Los recursos presupuestarios por recaudaciones y por préstamos internos y externos manejados por el Gobierno en los últimos siete años han sido 3.4 veces lo que obtuvieron todos los gobiernos entre 1990 y 2003. 1 billón 861 mil 272.9 millones de pesos, un promedio anual de 265,896.1 millones de pesos, frente a 550,837.5 millones con los que se desenvolvieron los gobiernos durante los 15 años anteriores.

En definitiva son “el Estado y el Gobierno los que tienen que dar señales” de que están alineados con las  prioridades de la sociedad.

¿Por qué no podemos tener una amplia educación preprimaria para centenares de miles de niños y niñas de los sectores marginados que están en desventaja frente a aquellos cuyos padres pueden pagar 10 mil ó 15 mil dólares al año en buenos colegios privados? 

Zoom

El reclamo social

Los reclamos de la población de mayores recursos y aumento de la eficiencia en el gasto en educación y en los sectores sociales, ameritan una rectificación del gobierno de su política y prioridades presupuestarias, que necesariamente obliga a poner atención a una de las opciones recomendadas por Jacques Attali  en materia fiscal de gastos: “racionalizar el gasto público. Mejorar el consentimiento al impuesto de los dominicanos requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes.