Las privatizaciones en Egipto, en peligro por sentencias anticorrupción

Las privatizaciones en Egipto, en peligro por sentencias anticorrupción

El Cairo, (EFE).- Mientras la frágil economía egipcia se tambalea ante la incertidumbre política que sacude el país, varias sentencias judiciales han revelado prácticas corruptas en antiguas privatizaciones de compañías estatales y ordenado que vuelvan a ser públicas, poniendo en riesgo la confianza de los inversores.

 Un ejemplo es la última sentencia del Tribunal Administrativo, que afecta a la Compañía Árabe para el Comercio Exterior, vendida en 1999 por un valor 30 veces inferior al que tenía. Los inversores privados pagaron 13 millones de libras egipcias (unos 2,1 millones de dólares) frente a su valor real, que rondaba los 400 millones de libras (66,6 millones de dólares).

El Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales (ECESR, en sus siglas en inglés), la entidad que investiga las irregularidades cometidas en las privatizaciones, ha logrado hasta ahora que los tribunales condenen seis operaciones similares.

Una de las investigadoras del organismo, Heba Jalil, aseguró a Efe que pretenden hacer ver a los inversores y al Gobierno que «a partir de ahora la corrupción no puede ser perdonada, que existe un sistema legal que protege a este país y que hay gente dispuesta a defender el dinero público». A raíz de estas sentencias, aún apelables, se han alzado voces en varios sectores económicos que alertan de que los inversores extranjeros podrían huir del país ante el riesgo de perder sus acciones.

 El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Americana de El Cairo, Ahmed Kamali, que durante los años noventa asesoró a las autoridades egipcias en materia de privatizaciones, avisó de que este tipo de sentencias pueden perjudicar a la economía egipcia.

«No podemos dañar al sector privado porque haya corrupción en el sector público», declaró Kamali, que advirtió de que cualquier signo de nacionalización de empresas privadas podría dañar el clima de confianza en las inversiones en Egipto en un momento de incertidumbre política tras la Revolución del 25 de Enero, que derrocó en febrero pasado al presidente Hosni Mubarak. Kamali reconoció, no obstante, que «en algunos casos sí hubo incidentes de corrupción o uso indebido de determinados poderes, pero esto no debería correr a expensas de los compradores».

 El economista admitió que en algunos casos las compañías públicas se vendieron por un valor muy inferior al que en realidad tenían, pero recomendó que en estos casos empresas y Gobierno negocien un acuerdo «que resulte beneficioso para ambos». Por su lado, Jalil recordó que las compañías inversoras investigadas también participaron en la corrupción o tenían conocimiento de esta y, por lo tanto, «tienen alguna responsabilidad».

 «La idea no ha sido nunca asustar a los inversores sino lanzar un mensaje de respeto al dinero público- si van a venir a privatizar algo que lo hagan de forma respetuosa o que no lo hagan», insistió la especialista. Una de las cuestiones más polémicas en este asunto es que el actual primer ministro, Kamal Ganzuri, ejerció ese mismo cargo entre 1996 y 1999, cuando se privatizaron 115 empresas públicas, un 30 % del total de compañías vendidas.

 «Los dos últimos casos que hemos ganado son de empresas privatizadas durante la época de Ganzuri y para nosotros está claro que alguien que ha sido tan descuidado con el dinero público en el pasado lo seguirá siendo ahora», destacó Jalil.

A pesar de que en las últimas semanas Ganzuri se ha desvinculado de las acusaciones de corrupción que salpican a su anterior Ejecutivo, Jalil pidió que se aclaren los hechos. «Ahora hay otro mensaje- A partir de ahora no aceptaremos más corrupción. Si eres un inversor serio y quieres invertir en nuestro país de forma limpia, bienvenido. Si no, no te queremos», sentenció Jalil. EFE

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