Las protestas sociales son claras manifestaciones de los vacíos en la ejecución de políticas sociales y de las desigualdades en la intervención territorial de la actual gestión de gobierno. Esta ha concentrado su mayor inversión en Santo Domingo, descuidando y abandonando el resto del país, como se muestra en el Informe de Desarrollo Humano 2008 del PNUD.

En lo que va de año (enero-julio 2009) se registra un total de 209 protestas en distintas localidades del país con un promedio de 29.85 protestas por mes, casi una protesta diaria. Las protestas cubren casi toda la radiografía nacional, exceptuando las provincias Elías Piña, Samaná e Independencia. En todas las localidades se demanda: reparación-construcción de caminos vecinales y calles, intervención en la producción agropecuaria, abastecimiento en los servicios básicos (agua, electricidad) y saneamiento.

Ante el aumento de las protestas sociales, las autoridades han reaccionado con la indiferencia, la represión y el descrédito de los dirigentes con acusaciones absurdas de vínculos con el narcotráfico o que tienen fines políticos. Estas declaraciones muestran fuertes contradicciones y un total desconocimiento de la realidad social del país. Algunas de las incongruencias presentes son las siguientes:

1. Existen suficientes motivaciones para las protestas sociales por las condiciones en que se encuentran las comunidades con apagones de más de 10 horas e incluso comunidades sin conexión al servicio eléctrico, como las de los Almácigos-Santiago Rodríguez.

2. Las organizaciones comunitarias y Ong’s realizan procesos de prevención y combate al consumo y venta de drogas sin recibir apoyo suficiente del gobierno. Es absurdo pensar que sus dirigentes estén vinculados al narcotráfico.

3. En los últimos reportajes y denuncias de acciones del narcotráfico en el país (caso Paya, Puerto Plata, Bonao) se muestran vínculos del narcotráfico con instancias de poder, de control y de seguridad que no tienen nada que ver con las organizaciones comunitarias.

4. Resulta contradictorio que los funcionarios deslegitimen las protestas descalificando a sus dirigentes y, por el otro lado, el Presidente de la República decida celebrar un Consejo de Gobierno para revisar las demandas sociales de las mismas.

Entre el gobierno-sus funcionarios y el contexto social de las comunidades existen grandes brechas y un total desconocimiento de la realidad de pobreza -abandono en que se encuentran. Deberían poner los oídos en las protestas y demandas sociales que les sirven como termómetro de evaluación de su gestión.

El énfasis en  las acusaciones de fines políticos  y de narcotráfico implica la legitimación de la represión, persecución y autoritarismo hacia dirigentes comunitarios repitiendo el modelo de los 12 años de Balaguer, lo que quebraría nuestra débil democracia y afectaría la gobernabilidad.