En más de un lugar del país habría siempre  motivos para reclamar, incluso con resonancia y retórica agresiva; pero aquellos grupos que en el marco de confrontaciones con autoridades agregan violencia física con incendios y pedreas y hasta el uso de armas de fuego, en verdad actúan en contra de los intereses de la sociedad. Son actos que quebrantan las reglas democráticas, que echan leña al fuego y que con frecuencia cuestan vidas, muchas veces de inocentes. Resulta muy lamentable que en ocasiones sea a causa del trauma en que derivan los motines callejeros con sangre que el Gobierno, dramáticamente preocupado entonces, tome en cuenta a las comunidades.

Los piquetes, marchas y paros forzados a veces por el miedo se mantienen dentro de lo que resulta un círculo vicioso con fatalidades, pues la Policía Nacional reacciona a las protestas con auténticos zafarranchos de guerra, persuadidos los agentes de que en el marco de las demandas que formulan colectividades suelen aparecer mortíferos artefactos de fabricación casera, bombas molotov y hasta fusiles en manos de una minoría pero con capacidad para desatar una batalla campal en las vías públicas. El sentido de respeto al acto  de  protestar sin repercusiones de alteración del orden y daños a terceros, debería estar presente en ambos lados: en el civil y en el policial.

Matrimonios y  religiones

Monseñor Francisco José Arnáiz, eminencia del clero, considera factible que grupos religiosos apartados del catolicismo logren que los matrimonios de sus feligresías sean asumidos legalmente como casamientos civiles. Sobre ese criterio el prelado exhortó a los evangélicos o protestantes a acercarse al Estado e informarse de los requisitos que tendrían que llenar para lograrlo.

A fin de cuentas, lo que la República hace con la Iglesia Católica vía el Concordato es aceptar que los sacerdotes tienen calidad para fungir, por extensión, con la misma facultad que un oficial del estado civil pero solo  para nupcias. La Iglesia casa, pero el carácter oficial del contrato de parejas se consuma cuando esa misma Iglesia inscribe el acto en los libros del Registro Civil. ¿Puede el Estado, sin que medie un contrato binacional, aceptar que  ministros de otras religiones son también idóneos para tales trámites? Parece lógico que sí.