Al parecer, los técnicos y burócratas que nos envía el Fondo Monetario Internacional (FMI), para fiscalizar y “monitorear” sus inversiones en la República Dominicana,  son enemigos acérrimos del pueblo dominicano; ya que todas las medidas y decisiones que toma, son precisamente en contra de los ciudadanos dominicanos y no de los gobiernos de turno, algunos, que por su torpeza o por su malicia soterrada en el manejo de la cosa pública admiten que dicho organismo interventor internacional sugiera disposiciones que perjudican directamente a los habitantes de esta media isla.

¿Cómo es posible que el FMI proponga al Gobierno incrementar el precio de los combustibles y el pago del consumo de electricidad?  Acaso estos “asesores” no habrán comprobado que la energía eléctrica en nuestro país es la más cara de la región, y que de aprobarse esa iniciativa sacaría nuestras industrias de competencia, especialmente cuando enfrentamos a los países que conforman el CAREFORUM o el DR-CAFTA.

El argumento de que el país no produce petróleo y por lo tanto cuando sube el precio del crudo en el mercado internacional, debe en consecuencia subir en el país, es una verdad a medias.  El Gobierno cobra un alto porcentaje de impuestos en el galón de gasolina, diesel, gas propano o natural, lo lógico en estos momentos de crisis, es que rebaje el porcentaje que cobra, esperando que, después de todos los conflictos que han hecho subir el precio del barril, especialmente en los países árabes, puedan estabilizar y normalizar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el suministro normal y estable del crudo.

Entonces ¿Por qué el FMI no fiscaliza los actos de corrupción y de saqueo de los bienes de un determinado país?  El FMI debe abocarse a tener, al mismo tiempo que economistas, actuarios, económetras, o expertos fiscales;  politólogos o expertos en la detección de fraudes, actos de corrupción, o de exceso de personal (botellas).  Entendemos, que estas investigaciones, si se llevan a cabo con profesionalidad y honestidad, serían la clave que el Gobierno no tenga que aceptar la subida de los combustibles o la tarifa eléctrica.

¿Habrá constatado el FMI que en nuestro país existen funcionarios cuyos emolumentos mensuales son superiores a los del presidente de los Estados Unidos de América?  ¿Por qué no comprueban qué funcionarios se han auto-pensionado con elevadas sumas que no corresponden al tiempo y las labores ejecutadas?  ¿Por cuál razón no investigan, como mutuo propio, un Ministro de Educación ordenó la impresión de textos escolares por más de 5 millones de dólares, textos que han sido desestimados por incorrectos?  En el plano de la electricidad, ¿Existen funcionarios intocables que no sólo cometen fraudes, sino que para no pagar incoan un proceso judicial como es el caso de uno que debe más de 3 millones de pesos?  Si hubiese sido una empresa o un “hijo de Machepa”, de seguro al mes le hubiesen cortado la energía y de paso sometido a la acción de la justicia.

Por supuesto, los “facultos” del FMI encuentran más fácil y sobre todo más lisonjero y gracioso con el Gobierno, gravar a los ciudadanos comunes, los cuales no han logrado compactar una organización para su defensa. Actuando de ese modo, los enviados del FMI no se percatan del despilfarro existente, ni tampoco de la criminalidad que envuelve también al narcotráfico, posiblemente una de las causas del aparente auge económico en donde el lavado de activos juega un papel preponderante. No señores del FMI, quítense la máscara del descrédito y ejecuten su labor fiscalista de manera más universal  y transparente.