Con la inminente llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, empresas de EE.UU. y de otros países se verían afectadas si el nuevo Gobierno abre por primera vez la puerta a demandas en tribunales estadounidenses para reclamar bienes expropiados por el régimen de los Castro en Cuba.

Aunque la norma que lo permite está encaminada a la recuperación por parte de ciudadanos estadounidenses de propiedades en la isla, plantea un dilema adicional al afectar eventualmente a estas compañías, que las están usufructuando.

Los Gobiernos y empresas extranjeras «deben estar preparados para la incertidumbre, y para la incertidumbre sobre la incertidumbre», expresó a Efe John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE UU- Cuba , que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla.

Aunque el experto dijo que era «improbable» que se aplique la cláusula que así lo permite, el Título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), aseguró que puede coaccionar la recuperación de bienes en la isla.