Arturo Martínez Moya 
El modelo económico no ha sido prioridad para el gobierno. Y sin reformas no es posible un crecimiento alto y sostenible del PIB. Este año debe sustituirse el endeudamiento por fondos liberados por un pacto eléctrico verdaderamente consensuado y una reforma fiscal progresiva, que además ajuste los subsidios generalizados a la electricidad, exenciones e incentivos fiscales, y que amplíe la estrecha base tributaria.
Porque cambiando el régimen fiscal que se dejó envejecer más de la cuenta, Balaguer lo promulgó hace veinte y seis años, y mejorando la productividad del gasto público, es como el índice ingresos fiscales sobre PIB dejará de ser de los más bajos de Latinoamérica, y la deuda tomará una trayectoria descendente.
También debe ponerse en vigencia la nueva Ley de Recapitalización del Banco Central para, entre otras cosas, establecer que se cumpla sin pausa con las transferencias de fondos desde el Presupuesto Público, y preservar la ganada independencia de la Entidad Emisora para las decisiones de política monetaria, lo que implica desechar la recomendación equivocada de quitarle la capacidad histórica que ha tenido para emitir títulos de deuda de corto plazo. De hacerse lo contrario se incurre en un costoso error que con aumentos de precios pagarían pobres y muy pobres, principalmente.
Recordando que para nuestro Banco Central la capacidad de emitir valores de corto plazo ha sido, es y debe seguir siendo uno de los pilares para el cumplimiento del mandato de alcanzar y mantener la inflación baja y estable. También para construir la trayectoria de rendimiento de los títulos de corto plazo, de referencia para la política pública y los agentes que deben decidir si consumir o invertir. Puntualizo, en el largo plazo es cuando el Banco Central debe lograr un patrimonio positivo, el de Chile todavía está corto y han transcurrido treinta y cinco años de la crisis financiera que costó 35% del PIB. La enseñanza está clara, debe actuarse sin prisa pero sin pausa.
La nueva Ley de Recapitalización debe acordar tiempo para lo que sigue. Uno, reprogramar el vencimiento de los bonos entregados al Banco Central. Dos, programar la entrega de los bonos pendientes por el monto total de RD$424 mil millones, que corresponde al balance “cuenta por recibir del gobierno al 31 de diciembre 2017”. Tres, en base al programa monetaria, canjear y/o vender los bonos recibidos del gobierno.
Y cuatro, con la liquidez desmontar el balance de títulos de mediano y largo plazos para quedarse solo con los de corto plazo. Que combinado con la capacidad de poderlos emitir y el uso de otros instrumentos, la buena gestión garantiza que la inflación se mantendrá baja y dentro del rango meta, como ha sido la experiencia.
En suma, si este año no se ejecutan las reformas mencionadas, varios son los riesgos de corto plazo que vislumbro. Uno, podría perderse producto; dos, se erosionaría la confianza de los mercados, impactando el perfil de riesgo de la deuda pública; y tres, se haría cuesta arriba encarar el aumento del petróleo, la posible reversión del flujo de capitales en América Latina por la reciente reforma impositiva de Estados Unidos, y el aumento de los tipos de interés.
No hay más alternativa, con reformas debe cambiarse el modelo económico.
