Presionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los gobiernos de los últimos veinte  años han reformado el aparato fiscal del Estado con la aplicación de diez reformas tributarias, proceso que aunque ha logrado avances, no menos cierto es que ha provocado críticas de diversos sectores por entender que no las han utilizado para devolver los recursos captados en obras prioritarias y servicios básicos.

De 1990 al 2008, en el país se  aprobaron esas reformas fiscales siempre con el objetivo de aumentar los ingresos del Gobierno, provocando fuerte presión a los sectores productivos y a la población que han visto aumentar las cargas fiscales y los gravámenes.

En 1990, la nación inició un proceso de reformas estructurales. Se creó la reforma arancelaria, le siguieron las  reformas de 1992, contenidas en la Ley 11-92.

Otra importante medida de política fiscal fue ejecutada en 1995, con la ampliación del cobro de diversos impuestos, mientras que en el año siguiente se estableció el sistema de aranceles a los principales productos agropecuarios sensibles a las importaciones.

Los impactos que recibieron los sectores, especialmente de clase media, se sintieron también con la aprobación de las reformas en 1997 y las aplicadas de 2000 a 2006,  que implicaron aumento del ITBIS de 12 al 16%, impuestos al cigarrillo, el tabaco y alcohol y la publicidad.

Negocian con FMI

Actualmente, el Gobierno estudia junto a  técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), un acuerdo “stand by”, y tanto el presidente Leonel Fernández como su equipo económico han explicado que ese convenio no traerá  reforma fiscal, pero diversos sectores económicos, políticos y sociales quisieran estar seguros de las opiniones oficiales.

Esas reacciones han sido reiteradas porque los años han demostrado que detrás de un acuerdo con el FMI casi siempre asoman las cargas impositivas, las que tienen que ser aprobadas por imposición del organismo internacional.

Las críticas de esos sectores llueven sobre las diferentes administraciones gubernamentales cuando las reformas traen aumento de impuestos, lo que implica un incremento en los alimentos de primera necesidad y los servicios. 

Más gravámenes

A principios de 1990, la economía dominicana estuvo inmersa en una de las crisis  más delicadas de su historia, ya que la devaluación acumulada ascendía a 72%; el Producto Interno Bruto (PIB) presentó  una tasa de crecimiento negativa de 5.5%, y la inflación acumulada anual llegó al nivel récord de 80%.

En adición a esa crisis, las condiciones externas eran desfavorables. La guerra del Golfo Pérsico llevó inicialmente a un racionamiento de los combustibles, forzando la liberación del precio de la gasolina.

A mediados de la década de 1990, la crisis se trasladó al ámbito de la política, cuando la Junta Central Electoral se mostró incapaz de declarar un ganador en las elecciones de mayo de ese año.

Fueron trascendentes los cambios económicos en 1991, en materia de política económica, principalmente las reformas financieras, arancelarias y fiscal, la eliminación de la emisión de dinero inorgánico y el déficit fiscal.

Al final de 1993, y con una nueva campaña electoral, en la que el presidente Joaquín Balaguer se presentaba de nuevo como candidato, el gasto del Gobierno aumentó significativamente.

Como resultado de la política fiscal expansiva, aplicada en 1994, el  déficit gubernamental consolidado ascendió a 3% del PIB y la tasa de inflación se colocó en 14%. Mediante la Ley 147-00 se creó el impuesto del anticipo de 1.5% sobre los ingresos brutos.

Impacto de las reformas

Las leyes reformadoras que han aplicado los diversos gobiernos de los últimos veinte años no han logrado satisfacer la aspiración que han expresado sectores importantes durante ese período.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha expresado que las reformas iniciadas en la región en la década de los 90 no resolvieron los problemas de financiamiento y cobertura de los sistemas de protección social.

A finales de 2008, el Consejo Nacional de la Empresa Privada hizo la advertencia de  que no debía haber más impuestos, ya que la situación de incertidumbre en la economía y en sectores productivos no resistía una carga más.

Tras asumir Leonel Fernández la Presidencia de la República, en 1996, su equipo económico intentó realizar modificaciones a las leyes tributarias, pero al  tener un Congreso mayoritario del opositor Partido Revolucionario Dominicano, le fue imposible cumplir ese proceso.

Al año siguiente se produjeron reformas que implicaron la fusión de las direcciones de Rentas Internas y de Impuesto Sobre la Renta,  creándose la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

Las leyes más  impactantes

Entre las leyes reformadoras más importantes en el ámbito fiscal, están la 288-04, 557-05 y  495-06, aunque con ellas no se lograron los objetivos esperados.

Meses después de Hipólito Mejía haber asumido la Presidencia, en agosto de 2000, el Congreso aprobó en noviembre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Hidrocarburos (112-00).

Con un dólar que alcanzó la cifra récord de RD$38.00 y con un Gobierno abrumado de acusaciones de varios sectores, tras la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), en mayo de 2003, Mejía aprobó un acuerdo “stand by” con el FMI, así como varias medidas de ajustes económicos para enfrentar la situación, las que entraron en vigor el primero de julio de ese año.

En el primer año de su segundo período presidencial (2004-2008), Fernández promulgó la Ley 288-04, que estableció seis fuentes impositivas, con lo que aumentarían las recaudaciones del Gobierno para elevar el déficit fiscal, una reforma demandada por el FMI para reanudar su asistencia crediticia. Los nuevos impuestos significarían una recaudación adicional anual por RD$22,000 millones.

Zoom

Los ingresos

Las reformas tributarias no solo se han centrado en aumentar los impuestos de diversos productos y servicios, así como los ingresos fiscales del Gobierno, sino que han cambiado el panorama fiscal.

Cada año se observa un notorio aumento de los ingresos tributarios, tanto así que en 2003 los datos reflejaron captación por RD$74,347.8 millones, mientras que en 2008 se elevaron a RD$236,166.1 millones, para un incremento de RD$161.8 millones.

Asimismo, el informe enero-junio de 2009, del Banco Central, destaca que las finanzas públicas se vieron afectadas de manera negativa por factores internos y externos, lo que reflejó una caída de los ingresos, que provocó un déficit de RD$6,978.8 millones.