POR CARMEN CARVAJAL
Falta de información de los organismos de seguridad del Estado, unidos a la mala fe, la discriminación y la competencia desleal de los bancos norteamericanos, se unen en un cóctel que está sacando del negocio a decenas de agentes remesadores latinoamericanos, que durante décadas, han forjado y desarrollado ese mercado.

Y es el de las remesas un mercado en el que, hasta el momento, los bancos comerciales no han dado la talla, a pesar de que para ello cuentan con un respaldo tan poderoso con el Banco Interamericano de Desarrollo, y de que en más de una ocasión han intentado incursionar en el mismo.

En el caso de las agencias de envíos de valores situadas en Estados Unidos, especialmente Nueva York, y propiedad de empresarios dominicanos, la situación se agrava por la indiferencia que, según ellos entienden, ha manifestado el Gobierno Dominicano hacia el problema que los afecta, y que perjudica el segundo renglón generador de divisas del país.

Freddy Ortiz, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas Remesadoras de Divisas (ADEREDI), explica que muchas empresas dominicanas y de otros países latinoamericanos se han visto obligados a vender sus negocios a holdings que pertenecen a los propios bancos que les cierran las cuentas.

A pesar de todo, y de las múltiples solicitudes hechas a las autoridades dominicanas, éstas no han intervenido con sus pares norteamericanas para, cuando menos, motorizar una investigación a fondo de la situación.

ANTECEDENTES

Desde hace más de una década, las autoridades norteamericanas fijaron su atención en las agencias remesadoras de recursos, ya que sospechaban que eran utilizadas para lavar dinero del tráfico de drogas.

Desde finales de los 80 y principios de los 90 adoptaron una serie de medidas para evitar estas circunstancias, entre las que figuraba el límite de dinero que una persona podía enviar, el cual fue reducido en varias oportunidades.

A raíz de las fuertes presiones sufridas por los remesadores y de los fuertes controles y supervisión a que son sometidas, que incluyeron el cierre de algunas de estas empresas, prácticamente todas adoptaron controles severos para evitar contrariedades con la justicia.

Incluso, una empresa dominicana, Remesas Quisqueyanas, propiedad de la familia Armenteros, desarrolló un software que le costó más de un millón de dólares y que garantiza la limpieza de sus operaciones.

Este instrumento es tan seguro, que fue adoptado por los organismos de seguridad del gobierno de Estados Unidos, para los cursos que imparten dentro y fuera de los Estados Unidos, a fin de preparar a sus aliados en la lucha anti lavado.

A raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, las autoridades norteamericanas reforzaron las medidas de seguridad y aprobaron la denominada Patriot Act, que, entre otras cosas, pretende reducir a cero el lavado de dinero y cortar de raíz cualquier remesa de recursos económicos a grupos terroristas.

Ortiz explica que el problema con las remesadoras surge porque la ley las engloba dentro del grupo conocido como MSB, que incluye las empresas emisoras de travels checks, money order, cajeros y una serie de negocios que no cuentan, como las agencias de envío, con supervisión de la autoridad monetaria del Estado y las que son consideradas de alto riesgo.

UNA BUENA OPORTUNIDAD

Ante esta situación, los bancos extreman sus regulaciones, y en una combinación que Ortiz pone en partes iguales, los bancos comienzan a adoptar medidas extremas para evitar sanciones y, además, con el interés de apoderarse de un mercado que, sólo a América Latina, mueve más de 40,000 millones de dólares al año.

A partir de la nueva ley, los bancos se abstienen de abrir nuevas cuentas a las empresas de envíos de valores. Además, han cerrado numerosas cuentas a estas empresas, lo que les impide operar, ya que trasladar el dinero en efectivo, aunque puede hacerse de manera legal, resulta muy riesgoso.

Estas restricciones sólo se aplican a empresas remesadoras propiedad de latinoamericanos, ya que las de los norteamericanos, a pesar de que están sometidas exactamente a la misma supervisión, no son acosadas por los bancos.

Según Freddy Ortiz, al mismo tiempo que los bancos comenzaron a cerrar cuentas de remesadores, comenzaron a hacer ofertas de compras a las empresas, a través de holdings de su propiedad, obligando a muchos de ellos a vender a precios de «vaca muerta», muy por debajo del precio real de las remesadoras.

«Pero si no tienes cuenta de banco no puedes operar, y para perderlo todo, mejor la vende y no pierdes todo».

El director ejecutivo de ADEREDI señala que no es la primera vez que los bancos tratan de adueñarse del mercado de las remesas, y nunca han podido. Incluso, un proyecto multimillonario iniciado por el Citibank en México no ha dado resultado.

En el caso dominicano, fueron los bancos quienes iniciaron el negocio, y tuvieron que salir. Sólo el BHD mantiene una empresa del sector.

En su intento, los bancos cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que lleva cerca de una década interesándose por este nicho del mercado de dinero, y abogando por la entrada de la banca formal al mismo.

El BID alega que si las remesas son manejadas por los bancos, los costos disminuyen para los emisores, se estimularía la bancarización de los países receptores y mejoraría la transparencia.

Para el ejecutivo de ADEREDI, el BID representa a los bancos y los defiende y en este afán «se han usado armas sucias disfrazadas de legalidad y de supuestos estudios en contra de las remesadoras para favorecer a los bancos».

El pasado 30 de marzo se cerraron numerosas cuentas. Incluso, ante el trato tan discriminatorio contra las empresas de origen latinoamericano, se habló de la posibilidad de hacer una demanda colectiva anti trust contra los bancos, pero prefirieron no hacerla para evitar abrirse otro frente.

Ortiz señala que las restricciones impuestas sólo han contribuido a encarecer las remesas, que habían bajado bastante debido a la competencia feroz que se producía en el mercado.

y recuerda que en materia de lavado de dinero, los escándalos, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, los han protagonizado los bancos, no las empresas de remesas.

En cuanto a la posibilidad de reducir el costo, lo consideró difícil con las actuales cargas impositivas y las reservas a que están obligados tanto por las autoridades federales norteamericanas, como por las autoridades monetarias dominicanas.

En Estado Unidos deben depositar en la Reserva Federal 500,000 dólares para responder ante cualquier incumplimiento a un cliente, lo cual está justificado, señala, porque es desde allá que se produce el envío.

En el país ahora se les exige un depósito en reservas de 100,000 dólares, que para ellos no tiene sentido, ya que quien recibe el dinero y debe responder por él, está en territorio norteamericano y tiene su fondo de garantía allí.

UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Sin embargo, hay optimismo en el sector, porque ya las autoridades norteamericanas están interesándose en el caso, y están interviniendo.

Incluso, esta semana, una resolución de la Asamblea del Estado de Nueva York aprobó una resolución mediante la cual urge a la entidad de fiscalización de crímenes financieros que proporcione reglas claras y apropiadamente definidas para que sean seguidas por los bancos, en relación con las remesas y en operaciones similares.

EL OLVIDO

Las remesas que envían a sus parientes en el país los dominicanos residentes en Estados Unidos y Europa, constituyen la tercera fuente de divisas para la economía dominicana. Una exportación neta de la que los dominicanos sólo sacamos provecho, sin ningún costo.

Sin embargo, se queja Ortiz, en momentos en que las empresas criollas del sector están siendo duramente afectadas por los problemas en Estados Unidos, el gobierno no ha hecho nada para ayudarlas.

Recuerda que el superintendente de Bancos se comprometió a interceder con las autoridades reguladoras norteamericanas y con los bancos, pero, afirma, «se limitó a cobrar por el registro y luego se olvidó de todo».

ADEREDI pidió al presidente de la República, Leonel Fernández, que aprovechara su viaje a Washington para que interviniera a favor de las empresas dominicanas de envío.

«Sólo queríamos que expresara a las autoridades de Estados Unidos su preocupación por lo que está pasando con un sector tan importante para la economía dominicana, pero no lo hizo», dijo Ortiz.