Las muertes naturales pero evitables deben preocuparnos al mismo tiempo que las violentas causadas criminalmente o en las vías de tránsito del país que son de índices alarmantes. En el transporte (según estadísticas) las defunciones son numerosas. Pero hay que llamar la atención también sobre los males cardíacos como riesgo de mortalidad. Datos del reciente Congreso de Cardiología indican que el 50% de los pacientes que llegan con cardiopatías a los centros de salud fallecen en el transcurso de los primeros 60 minutos.
El trágico balance ha de guardar estrecha relación con deficiencias de los propios servicios. Algunos recursos tecnológicos considerados de uso obligatorio en los sistemas hospitalarios de otros países no aparecen todavía en la generalidad de las áreas de emergencia nacionales a pesar de que las probabilidades de sufrir ataques cardíacos han aumentado para la población en general. ¿Cuántas salas de atención privadas y públicas de este país llenan los requisitos para garantizar la aplicación con presteza de los auxilios que hacen la diferencia entre la vida y la muerte? Además, debería certificarse por la vía correspondiente, que las atenciones de urgencia de los hospitales públicos y las clínicas están a cargo de médicos y enfermeras con la formación profesional y especializada necesaria para responder a las situaciones de gravedad creciente o extrema de los pacientes que les llegan.
El auge de los telefraudes
Parecería que el país no está suficientemente protegido contra el engaño mediante teléfonos y la internet. La acción subrepticia no es exclusiva de la piratería cibernética de alto calibre, aun cuando parece claro que se dispone de recursos técnicos para detectar con bastante efectividad los orígenes de las llamadas telefónicas y de los mensajes a direcciones electrónicas. Al efecto, los intentos de estafa pueblan las líneas. Los usuarios viven expuestos a falsas notificaciones bancarias bien trucadas que pueden servir para que muchos ciudadanos caigan impunemente en la trampa de suministrar datos que se utilizarían para timarlos. Sin embargo, las autoridades han impulsado exitosos procesos judiciales basados en el historial de uso de los celulares de sospechosos de crímenes y siempre descubren a los autores de llamadas anónimas que han pretendido alarmar con falsas denuncias de explosivos en sedes diplomáticas y aviones.