Hoy 
Podría decirse que el verdadero problema está en nosotros y no en las inclemencias meteorológicas. El dominicano promedio (según convincentes estadísticas) derrocha agua, sobre todo en las grandes zonas urbanas. El consumo per cápita está entre los más altos del mundo en función del desperdicio. A esa conducta perjudicial se suma el no pagar por el servicio. Trances como el presente, que son el resultado de meses sin lluvias que tornan en inoperantes las tomas, resecan los campos y propician incendios forestales, obligan a reflexionar sobre las males relaciones de la colectividad nacional con los recursos naturales. Y a actuar en consecuencia. A velar por el uso eficiente del imprescindible líquido. A suprimir fugas, muchas de las cuales se deben a desidia de los acueductos públicos.
Sería una irresponsabilidad enfocar esta crisis de manera superficial y restringiéndose a lo coyuntural. El país se ha quedado atrás en políticas y acciones que pongan freno a la deforestación y desertificación aunque aparente lo contrario. Urge que el Estado propicie la instalación, pública y privada, de plantas de tratamiento d aguas residuales. El conuquismo y la quema de bosques para carbón deben quedar reducidos a su mínima expresión. Y tiene que lograrse patentemente la preservación de parques y cinturones de boscosidad intocable. Proteger la naturaleza debe ser una contundente prioridad.
La lección de un vacío pendiente
La deplorable crisis post convención del Partido Revolucionario Dominicano reafirmó que en organizaciones importantes de la política germinan todavía las posiciones de sectarismo extremo con tendencia a la autodestrucción a causa de dirigentes que de repente se delatan como dispuestos a arrebatar cuando pierden. Queda clara una orfandad: el sistema de partidos necesita con urgencia la tan demandada ley-instrumento que arme a la Junta Central Electoral de los medios y recursos para el pleno arbitraje. La JCE es el organismo idóneo para el seguimiento imparcial de los procesos llamados de primarias.
Además el Estado debe prepararse para lo contencioso sobre conflictos internos en entidades que tercian y buscan el poder. Sin más demoras, y con absoluto respeto a las disposiciones constitucionales al efecto, debe llenarse el vacío de legislaciones y tribunales sobre la materia.
