TIRSO MEJÍA RICART
He leído con mucha atención el artículo que bajo el título: de «Reformas a la Ley de Elecciones Primarias», presenta en la edición del 2 de enero pasado del periódico «Hoy» el distinguido comunicador y gran defensor de la institucionalidad democrática, Juan Bolívar Díaz. Realmente lamento que una mente clara como la del amigo Juan Bolívar se deje confundir por la palabrería confusionista de los grupos interesados y conservadores que se han opuesto a esta legislación, que es vital para la perivivencia del orden democrático del país.

Como creo en la buena fe de Juan Bolívar en su expresado deseo de convencer al liderazgo político acerca de la supuesta inaplicabilidad de la Ley de Primarias y la supuesta necesidad de reformarla, me voy a tomar la libertad de intentar hacer lo contrario, es decir, de convencerlo a él de que está equivocado, utilizando para ello sus mismos argumentos y comentarios, con la esperanza de que rectifique y se sume a los esfuerzos para seguir democratizando al país en su nivel más crítico: el de los partidos políticos.

1.- Juan Bolívar empieza por reconocer que la esencia de la ley es positiva para la democratización de los partidos políticos, aunque quiere modificarla. Es un buen comienzo…

2.- Establece después que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) discutir con la mayor transparencia la implementación de la ley, que ordena a que ese organismo organizar y computar las votaciones en un día, de todos los partidos, que son 22 olvidando al parecer que eso es precisamente lo que ha estado haciendo desde 1962 y que en el 2002 lo hizo con el voto preferencial para cada circunscripción congresional, con un margen de error insignificante e inferior a todos los comicios anteriores de parte de los votantes, aún cuando hubo bastantes errores de cómputos a causa del mal diseño de las actas de votación que pudieron ser solucionados sin mayor problema. Pero no hay que olvidar, que en las 15 elecciones generales que han habido desde 1962, más del 90% de los votos se ha concentrado en solo dos o tres partidos.

3.- El ejemplo de que el PLD tardó 24 horas en hacer el cómputo en sus primarias del 2002 con solo dos precandidatos, no tiene ninguna relación con la conveniencia o no de las Primarias.

4.- La limitación del número de precandidatos a no más de tres par senadores y síndicos, y que podrían ser hasta del mismo número de cargos por circunscripción para diputados y regidores sería es más que suficiente, ya que no conozco un solo caso en toda la historia electoral moderna en que más de tres los precandidatos de un partido hayan tenido posibilidades de ser postulados democráticamente. Para su selección no se requieren procesos muy complejos, sino que los partidos los definan a través de mecanismos expeditos, como serían establecer encuestas, reglamentar los organismos con facultad para proponer precandidatos (Comité Político Nacional, los Comités Provinciales o Municipales, frentes de masas etc.) y/o convención de delegados, en la seguridad de que de ahí saldrán los que tienen serias posibilidades de competir. Ver dificultad en eso es como ahogarse en un vaso de agua.

5.- Precisamente, cuando sean simultaneas y con un mismo padrón es que se terminarán de una vez por todas las supresiones, adicionales y traspasos maliciosos de listados en las primarias partidistas, y la ciudadanía participará en estos comicios sin temor a ser cancelados por los gobiernos de turno si son empleados si están inscritos en un partido de oposición, y se destierra el infame tráfico de listas con que se manipulan las primarias, porque nadie podrían votar sino por un candidato del partido de su simpatías, so pena de dejarlo abandonado.

6.- El recurso de institucionalidad sometido por una fundación, cuyo Presidente es por cierto el Mediador encargado por Participación Ciudadana para discutir la ley de Primarias, no tiene el menor asidero jurídico, porque parte del criterio de que los partidos políticos son ONG privadas cuando se basan en canones constitucionales y que se rigen por leyes especiales como entidades de derecho público y como mediadoras entre la sociedad y el poder público, y como tales reciben personería jurídica y financiamiento del Estado.

7.- Estamos de acuerdo en que se deben acortar los largos períodos electorales. Por eso también proponemos que las Primarias sean en febrero del 2006, asimismo creo que no solo se limite el poder de las cúpulas partidarias sino con la limitación del uso de las grandes fortunas en las candidaturas. Esperamos pues a ese respecto una iniciativa de Juan Bolívar y otros comunicadores o politólogos por apoyarlas con entusiasmo, tal como lo he hecho en ocasiones anteriores.

8.- Lo que si sería inaplicable es poner a la JCE a verificar múltiples padrones particulares de los partidos, así mismo hacer una real supervisión de primarias organizadas y computadas por diferentes partidos con dirigentes y funcionarios de mesas electorales diferentes que son jueces y partes al mismo tiempo. Realmente no entiendo cómo Juan Bolívar y los que les acompañan en Participación Ciudadana pueden creer que eso es posible.

9.- La cuota de las candidaturas para mujeres estarán más garantizadas con la nueva ley ya que ésta permitirá la aplicación estricta de la ley 12-00 que le asigna candidaturas alternas a al menos una tercera parte de éstas. Las alianzas podrían hacerse tanto antes como después de las Primarias, o si se quiere se pueden fijar éstas para el 5 de febrero del 2006 y que se modifiquen los plazos para éstas con la facultad de la JCE que le otorga el Art.8, acápite 7 de la ley electoral. Por favor léanse las leyes 275-97 y 12-00.

10.- Unas Elecciones Primarias, simultáneas, con un solo padrón que serviría de avance para el definitivo de las Elecciones Generales, que pueden realizarse con la mitad o menos de las mesas electorales vigentes, colocando a varias de éstas en los mismos centros de votación en que acostumbran, por la ausencia ahora de los colegios cerrados, y que permite eliminar el voto preferencial para estas últimas, y por el hecho de que la afluencia de electores sería menor, serán de un costo que difícilmente supere los 60 millones de pesos, tal como estoy dispuesto a demostrar en cualquier escenario, por lo que le he pedido a mi amigo Juan Bolívar que auspicie una reunión en ese sentido.

Contra los partidos políticos y de hablar tanto la democracia participativa y democracia de ciudadanos, haya quienes rechacen el mecanismo por excelencia para que todos los hombres y mujeres tomen las principales decisiones políticas, sociales y económicas, sin un solo argumento válido o problema que no pueda ser resuelto con el poder reglamentario de la JCE, si lo que se quiere es un sistema político con partidos que sean actores legítimos de una democracia real y no simples mascaradas.