Desmembrado inmobiliariamente, el Consejo Estatal del Azúcar ha sido fuente inagotable de terrenos para diversos fines ajenos a la producción.

Pero, son más los que le fueron arrebatados mezquinamente para que los invasores de toda laya vinieran a resultar los mayores herederos del latifundio que para su propio beneficio creó el dictador Trujillo comprando ingenios a los norteamericanos, y creando otros, con el pretexto de nacionalizar la industrialización de la caña.

Aunque hoy las pocas extensiones dejadas como sobras por los depredadores podrían estar alimentando programas sociales de titulación de solares para familias pobres de los cinturones urbanos y de parcelas para agricultores sin predios, revertir el saqueo de sucesivos decenios sobre el grueso patrimonio público sería una tarea colosal a la que se opondrían los alegatos de «derechos adquiridos» por antigüedad en la usurpación que esgriman los bucaneros modernos.

Hace apenas un año, fue admitido por las nuevas autoridades que el principal reto de lo que administrativamente queda del CEA es «ubicar y recuperar cerca de un millón de tareas propiedad de la institución usufructuadas ilegalmente por exfuncionarios, coroneles, generales, senadores, diputados, empresarios y bandas organizadas, valoradas en cientos de miles de millones de pesos».

El cascarón que quedaba de lo que hacía sentir a Trujillo orgulloso de sus tenencias mal habidas se encontraba oficialmente en el 2021 a cargo de César Cedeño, fungiendo a la vez como director de Bienes Nacionales y del consorcio de un dulce realmente amargo y condenado a desaparecer bajo las siglas CEA.

Al reconocer la realidad a la que se enfrentaba, dijo que «transparentar la posesión de esos terrenos de vocación turística, agrícola y urbanística, es el principal escollo en el proceso de fusión del CEA con Bienes Nacionales por el desorden de registros para ubicar con facilidad en manos de quién están».

Queda dicho que en el largo trayecto de los diferentes gobiernos, constitucionales y «de facto», posteriores al decenio de los sesenta en que cesó la tiranía del «perínclito» de horca y cuchillo, lo que menos hicieron los políticos y administradores de la cosa pública fue preservar la inmensidad en bienes raíces que pasó a pertenecer a la nación, un total de cuatro millones de tareas calculadas conservadoramente.

En adición a las concesiones graciosas de tierras, cedidas mercurialmente o tomadas con atropellos a la ley y que convirtieron al CEA en piñata, Cedeño identificó como «otro reto» desalojar a los ocupantes ilegales de 50 proyectos inmobiliarios levantados desde el año 2000 en diferentes lugares del territorio para beneficio (a cambio de nada) de adquirientes sin solvencia.

Despojos a Todo Dar

Tomar para sí cualquier lote de metros cuadrados de enormes fincas que dejaron de ser cañeras pasó, por largo tiempo, a ser más fácil que bostezar como sucedió en la jurisdicción de San Pedro de Macorís. Allí, los encargados, bajo el presente Gobierno, de contrarrestar los saqueos descubrieron que «una asociación de ganaderos ocupa 32,000 tareas de las cuales más de 25,000 carecen de documentos. Las están usufructuando sin haberlas comprado”.

Fuera de lo ocurrido, y así certificado por los liquidadores del CEA, los cañaverales que rodeaban el ingenio Porvenir fueron a parar, sin pago alguno al tesoro nacional, a los más diversos usos habitacionales, industriales, educativos y comerciales en manos de particulares. Familias de todos los niveles sociales y políticos se nutrieron a sus anchas de una buena porción de las riquezas inmobiliarias nacionales.

Bienvenido De Oleo Moreta, «director de Preservación y Recuperación» comentó, al comienzo de los ingentes pero infructíferos esfuerzos por recuperar los bienes, que en el 2020 «las tierras del CEA fueron víctimas del clientelismo político y de forma alegre, grandes cantidades fueron regaladas a políticos, militares, legisladores, empresarios, durante las campañas para las elecciones municipales y presidenciales y congresuales de ese año».

A paso de tortuga

En mayo del año pasado, los ministerios públicos de Santo Domingo Este y Norte dieron por recibidos 84 expedientes que debieron dar comienzo a procesos judiciales por denuncias de ocupaciones ilegales de terrenos del Consejo Estatal de Azúcar que antes eran sembrados de caña para molerla en los ya destruidos, por la molicie estatal, ingenios San Luis, Boca Chica y Central Río Haina, considerado este último para entonces el de mayor dimensión a nivel nacional, lo cual nunca se comprobó.

Nadie sabe lo que ocurrió tiempo después con las órdenes de arrestos y de allanamientos que los flamantes rescatistas de la estructura azucarera estatal lograron de fiscales para embestir las ocupaciones ilegales y también para recuperar la posesión de predios adquiridos lícitamente pero en daño al interés nacional.

La frustración pasó a adueñarse de quienes perseguían a los saqueadores, como dio a entender uno de sus informes a comienzo de la cruzada: «Los expedientes (puestos en sus manos) evidencian la existencia de estructuras mafiosas de invasores que amenazan de muerte a los inspectores del CEA, a quienes expulsan a punta de pistolas y otras armas de fuego. Estas situaciones se producen en zonas de los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Guerra y Boca Chica».

Deshacer de propiedades al casi difunto CEA ha costado miles de millones de pesos no solo por las invasiones que en ninguna época las autoridades se han ocupado de combatir, «también por la suspensión de los pagos que mensual.

Rapaz y Pretencioso

José Antonio Martínez Rojas, productor agrícola y analista permanente de ese renglón de la economía y de otros temas nacionales, recordó en uno de sus escritos en la prensa nacional, los daños que causó al país el dictador Rafael Trujillo, que en su megalomanía pretendió ser el zar del azúcar en el Caribe.

El autócrata, que se hizo dueño de una serie de ingenios de propiedad estadounidense que resultaron la génesis de lo que luego vino a ser el Consejo Estatal del Azúcar, cometió luego una «transgresión agropecuaria» al instalar en 1948 el ingenio Catarey en la cercanía de Villa Altagracia.

Refiere Martínez que en esa comarca existían para entonces los cacaotales más productivos del país debido a la excelente pluviometría y suelos profundos de inmejorable calidad, los cuales fueron degradados al ser sembrados de caña de azúcar, una gramínea cultivada en suelos degradados y de fácil manejo.

Sostuvo además que en su afán de aumentar las áreas de cultivo (en una economía de por sí sometida al monocultivo) instaló en la zona de Esperanza, provincia Valverde, un modesto ingenio, «cometiendo el crimen agroecológico de diezmar una zona arrocera la cual fue prontamente arada y sembrada de caña de azúcar».

De ser el principal productor de azúcar en República Dominicana, el emporio creado antes de 1961, con cerca del 60% de la producción del dulce y la melaza, lo que vino después bajo las siglas CEA fue una decadencia que ha dejado la primacía de la exportación a los grupos Vicini y Central Romana, sobreviviendo uno que otro arrendamiento privado de unidades estatales de débil participación.

La caña de azúcar fue introducida en la isla por el descubridor Cristóbal Colón que la trajo de las islas Canarias y al final del decenio de los 20 la industria aparecía concentrada en tres grupos: la familia Vicini, la Cuban Dominicana y la South Porto Rican Sugar Company, ésta entonces propietaria del Central Romana.