Comentario Editorial
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva empezó su segundo periodo en el cargo con un nuevo programa y un bien recibido énfasis en el problema económico fundamental de su país: la baja tasa de crecimiento nacional. Las medidas para impulsar las inversiones en infraestructura son muy necesarias, si es que Brasil intenta expandirse sobre el promedio de 2.5% anual alcanzado en años recientes.

Sin embargo, la nueva política de Lula da Silva no se acerca a lo necesario. Si Brasil va a alcanzar el mismo tipo de dinámica de desarrollo de sus rivales, los mercados emergentes de Asia y Europa, el presidente tiene que enfrentar dos problemas estructurales: el absurdamente injusto sistema de seguridad social y sus anticuadas leyes laborales.

El nuevo programa de Brasil se construye sobre la estabilidad alcanzada en los últimos cuatro años. Aunque la promoción de la inversión puede implicar una pequeña reducción en el excedente fiscal primario de 4.25% (requerido para mantener la reducción de la deuda  como porcentaje del producto interno bruto), el gasto adicional no representa una amenaza fundamental al orden fiscal.

En todo caso, se necesita desesperadamente la inversión en infraestructura. Seguramente, tiene sentido mejorar la calidad de los caminos y los puertos, para que los exportadores aprovechen plenamente las ventajas de una intensa demanda internacional, especialmente de productos agrícolas altamente competitivos como soya, carne y etanol, y valiosos materiales en bruto.

Otros elementos del programa, como una expansión de las facilidades de créditos e incentivos tributarios para los inversionistas, también son un paso adelante. Igualmente lo son las medidas que el gobierno se dispone introducir, que están diseñadas para simplificar los procedimientos de registro de negocios y reducir la abrumadora complejidad del sistema tributario de Brasil, si se materializan como fue prometido.

Sin embargo, el Presidente debería haber sido más audaz. Con altos niveles de apoyo popular y condiciones favorables en los mercados financieros internacionales, este hubiera sido el momento ideal para empezar una postergada reforma de las leyes laborales, algunas de las cuales datan de la década de 1930. Destinado a proteger a los de menos recursos, en estas leyes terminan en ocasiones beneficiando a grupos selectos de trabajadores élites en industrias estatales y en el sector público, y privan a los pobres de cualquier tipo de acceso a los mercados laborales formales.

Lula da Silva empezó a reformar el sistema de seguridad social en 2003, pero ha avanzado poco. Como resultado, el articulado del sistema de pensiones se mantiene profundamente defectuoso. Muchos trabajadores se retiran todavía con menos de 55 años. Para muchos grupos privilegiados, como el ejército y la judicatura, los generosos beneficios se extienden a miembros de la familia por varias generaciones.

Las reformas en ambas áreas están en un segundo plano. Los cambios al sistema de seguridad social se van a debatir, pero parece poco probable que ocurra; la reforma laboral -dicen ministros importantes-, no está en el orden del día. Y es una lástima. Los socialdemócratas en el vecino Chile (y en Europa) han beneficiado a sus países al introducir reformas modernizadoras. Lula da Silva debería hacer lo mismo.
VERSION IVAN PEREZ CARRION