Las trabajadoras sexuales agrupadas en el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) pidieron ayer al procurador general, doctor Francisco Domínguez Brito, que reconsidere la medida de someter a la justicia a los clientes que buscan servicios sexuales con hombres y mujeres.

 Santo Rosario, director del Coin, y Jacqueline Montero pidieron al procurador que sea más reflexivo, pues no se conocen experiencias de resolver un problema socioeconómico con bravuconadas.

Se refirieron a declaraciones dadas por el procurador Domínguez Brito en el sentido de apresar a los clientes que busquen servicios de trabajadoras sexuales. Los activistas sociales se refirieron al trabajo sexual de más de 25 mil mujeres en los negocios fijos y a más de 50 mil que ejercen la prostitución fuera del país.