Las trabajadoras sexuales y los derechos humanos

Las trabajadoras sexuales y los derechos humanos

Guillermo Peña Capellán. Foto de Archivo

Una trabajadora o trabajador sexual es aquella persona adulta que decide voluntariamente, en pleno ejercicio de sus facultades, vivir de su cuerpo, ganar dinero u otra forma de retribución a cambio de un servicio sexual. En cambio, aquella persona adulta que es forzada u obligada a tener relaciones sexuales es una explotada sexual.

No estoy promoviendo la prostitución (o correctamente dicho el trabajo sexual porque la connotación social que tiene el término prostituta o prostituto lo que hace es que estigmatiza, llena de prejuicios y discrimina a esa persona).

Lo que si promuevo es que se respeten los derechos humanos de todas las personas en mi país y en todo el mundo, sin importar que sea trabajadora o trabajador sexual.

A diferencia de otros países en la República Dominicana no está prohibido el trabajo sexual. Ninguna ley lo prohíbe. Lo que sí está prohibido es la prostitución infantil y la explotación sexual.

No es noticia la discriminación, insultos, salivazos, golpes, heridas y muertes que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales. No es titular ni primera plana que le violan sus derechos humanos. Sin embargo, esto no deberíamos verlo como normal. Es ilegal que los policías, militares y las personas maten, roben, escupan, insulten o le den golpes a una persona por ejercer el trabajo sexual.

Según estimaciones del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) en el año 2007 existían más de 100 mil personas que ejercían el trabajo sexual. A 10 años de esas estimaciones hay que sumarles las trabajadoras sexuales venezolanas y de otras nacionalidades, que hoy por hoy pueden llegar a ser 170 o 200 mil trabajadoras y trabajadores sexuales en la República Dominicana.

Es un error de las autoridades no entender que la falta de educación, de oportunidades laborales y de salarios dignos, hace que cada día aumente el trabajo sexual.

Perseguir, encarcelar y criminalizar a las trabajadoras y trabajadores sexuales no soluciona nada. Legalizar y regular el trabajo sexual si ayuda a garantizar el respeto a los derechos laborales y de seguridad social que tienen este grupo poblacional vulnerabilizado.

La falta de acceso a servicios básicos de salud y la discriminación que sufren en los hospitales públicos es pan de cada día en las trabajadoras sexuales dominicanas, haitianas, venezolanas y de otras nacionalidades.

Amnistía Internacional hace unos años inició una consulta con objeto de elaborar una política pública para proteger los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sexuales, por considerar que es justo y necesario que tengamos políticas públicas que respeten los derechos humanos más básicos de las trabajadoras y trabajadores sexuales en el mundo.

La despenalización del trabajo sexual es una realidad a medias en el país porque aunque no está prohibido el trabajo sexual el puro chantaje policial hace que amanezcan detenidas.

No es lo mismo trabajo sexual que trata y tráfico de personas. La trata es un abuso y una explotación que debe estar penalizada por el derecho internacional. Si bien es cierto que las mujeres víctimas de trata son generalmente trabajadoras sexuales, no menos cierto es que hay trabajadoras sexuales que lo hacen porque simplemente les da la gana.

Aboguemos para que a las trabajadoras y trabajadores sexuales se les respeten todos sus derechos humanos. No le demos la espalda.

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