HAMLET HERMANN
Ningún ciudadano está a salvo de lo que hacen o pudieran hacer algunas de las compañías de distribución de energía eléctrica luego del negociazo de la privatización del sector. Demostrado está, hasta la saciedad, que esas empresas pueden violar la ley vigente de electricidad para abusar de quienes están obligados a utilizar sus servicios. Para los usuarios la protección que les concede la ley no es tomada en cuenta.

Un caso muy común sucedió con una persona que reside en los alrededores del Palacio Nacional. Durante casi dos años de ocupación de la casa por una sola persona, el medidor del consumo de electricidad se había mantenido dentro de los límites razonables y aceptables. Los consumos mensuales fluctuaban entre 200 kWh y menos de 500 kWh dependiendo de la estación del año. Cuando el calor agobiaba en julio el consumo subía para empezar a declinar en septiembre hasta llegar al mínimo en enero.

Pero resulta y viene a ser que el 9 de octubre pasado una brigada de Inspección de Acometidas y Equipos de Medida de Edeeste se presentó para atender la solicitud de un vecino. Para aprovechar el viaje y por conveniencia unilateral, la brigada encajonó el medidor de energía del usuario que no lo había solicitado y lo cambió de posición. Llenaron a mano un formulario en el que dejaban constancia del trabajo realizado y de la normalidad de las condiciones del equipo. Luego dejaron dos copias, una verde y otra azul.

Paradójicamente, a partir del cambio de la caja de protección el consumidor quedó desprotegido. El medidor empezó a girar al triple de la velocidad habitual y unas interrupciones eléctricas empezaron a ocurrir en la vivienda sin razón aparente. Se hablaba de “falsos contactos” y otros opinaban que “se caía una fase”. Tratando de cumplir con las unilaterales reglas del juego, el usuario reportó por vía telefónica una avería producto de la visita anterior de Edeeste. Al caer la tarde de ese mismo día, hizo acto de presencia una camioneta blanca con el logo y el nombre de la compañía Attivare, para atender el reporte. Admirado por la premura, el usuario atendió a los recién llegados quienes usaban uniformes anaranjados de faena. Ninguna identificación personal fue mostrada aunque los técnicos dijeron ser empleados de una empresa privada que atendía esos problemas para Edeeste. Se confió en su palabra y tuvieron acceso pleno a las instalaciones eléctricas.

Con autoridad total aparente, violentaron el sello de seguridad del medidor y procedieron a revisarlo. Encontraron que “un tornillo interior del medidor estaba flojo” y decidieron sustituirlo. Para tal fin necesitaban una llave especial que en ese momento no tenían. Aún así, lograron la sustitución utilizando un destornillador. Aún más, en la verificación general encontraron que el cable de tierra se había zafado de la conexión junto al poste de luz y procedieron a corregir el problema. Opinaron que tanto el problema del medidor como el del cable de tierra habían sido producto de error o negligencia de aquellos que los manipularon con anterioridad. Con mucha cortesía entregaron al cliente el sello de seguridad que habían violentado y se retiraron.

Hasta ahí los hechos. Ahora las preguntas: ¿Asumirá Edeeste la responsabilidad por el mal manejo de sus técnicos, quienes empeoraron la situación que debieron corregir? ¿O demandará al usuario porque Attivare violentó el sello de seguridad sin consultárselo a Edeeste? ¿Exigirá Edeeste el pago del triple del real consumo a sabiendas de que la aceleración ha sido provocada por personal de su empresa? ¿Fue esa acción intencional y premeditada o simplemente incapacidad técnica? ¿Exigirá Edeeste que se haga un reclamo en sus oficinas para poder convertirse entonces en juez y parte? ¿O pedirán que se haga el reclamo en PROTECON donde la consideración y análisis es hecha por sus socios accionistas del gobierno? ¿Qué parte no interesada podría realmente ayudar a un cliente que está siendo extorsionado por la privatizada empresa Edeeste?

Ojalá que la justicia dominicana se atreviera algún día a enfrentar tanta violación y tanta impunidad para que los clientes de las empresas eléctricas fueran tratados con decencia y honestidad.