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Para Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), la nueva gestión de la Procuraduría General de la República debe concentrarse en tres esfuerzos principales para mejorar este órgano de persecución.
El primero es que los fiscales no soliciten tanta prisión como medida de coerción ante los tribunales, ya que la presos preventivos impactan en la sobrepoblación del sistema penitenciario. Dijo que han tratado el tema también con la Suprema Corte de Justicia para que los jueces también valoren el uso de medida que debe ser para quienes representen un peligro para la sociedad, la víctima o pueda evadirse del proceso.
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En segundo lugar planteó que se profundice la lucha contra la corrupción dentro del propio organismo que tiene muchas “aristas”, tras citar el caso reciente de estafa en la provisión de alimentos en las cárceles y la red interna que se dedicaba a borrar los antecedentes penales.
El tercer punto es impulsar que el sistema penitenciario sea sacado de la Procuraduría, ya que la persecución es incompatible con la rehabilitación de los privados de libertad y su la reinserción social.
Entiende esto se lograría con la creación de un ministerio de justicia.
