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La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 se constituyó en el primer cuestionamiento serio de las universidades latinoamericanas las que, hasta esa fecha, no hacían más que responder a los intereses de las clases dominantes dueñas del poder político y económico. El experto nicaragüense en materia de educación superior Carlos Tünnermann, en la página 55 de su libro “La Educación Superior en el Umbral del Siglo 21” califica al llamado Movimiento de Córdoba como “el primer cotejo importante entre una sociedad que comenzaba a experimental cambios de su composición interna y una Universidad enquistadas en esquemas obsoletos”. El significado especial que alcanzó la Reforma Universitaria de Córdoba se debió a su señalamiento del momento de ingreso de las naciones latinoamericanas en el siglo XX. Desafortunadamente, como veremos a continuación, los vientos de Córdoba no soplaron aquí en el mejor momento. Durante el gobierno de Horacio Vásquez (1924-1930) no se registraron modificaciones de importancia en el ordenamiento de nuestra educación superior. El primero de abril de 1929, los estudiantes universitarios fundaron la organización Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios (ANEU). Entre los objetivos de la mencionada agrupación se consignaron la realización de una reforma universitaria a tono con el Movimiento de Córdoba y la conquista de la autonomía universitaria; objetivos éstos, que no le fue posible alcanzar.
El agrupamiento de organizaciones políticas que postuló al general Rafael Leónidas Trujillo Molina a la presidencia de la República en las muy accidentadas elecciones celebradas en 1930, adoptó un programa de gobierno que en lo relativo a la instrucción pública contemplaba: “establecer escuelas de arte y oficios; dar a la educación pública un sentido utilitario y nacionalista, con miras a obtener que cada estudiante salga de las aulas preparado convenientemente para ser un factor de producción, y en consecuencia, un factor para afianzar la independencia nacional; dotar de un grado de autonomía amplia la enseñanza secundaria y universitaria, de tal modo, que los cargos del personal docente se provean por oposición; y dar al libro dominicano la más decidida y eficaz ayuda”. Pero, nada de lo contemplado en dicho programa fue cumplido. Veamos. En su primer periodo de gobierno, Trujillo promulgó la Ley No. 531 de 1933 que facultaba al Poder Ejecutivo designar por decreto los catedráticos de la Universidad de Santo Domingo. Dicha Edicto derogó la ley No. 1310, del 28 de junio de 1930, promulgada durante la presidencia provisional de Rafael Estrella Ureña que establecía el procedimiento de concurso de oposición para acceder a la cátedra universitaria. No conforme con ello, el presidente Trujillo emitió el decreto No. 857 mediante el cual le fue ratificado la permanencia en la Universidad de aquellos catedráticos que hasta ese momento no hubieran manifestado oposición alguna al régimen. Y para mantener el control político e ideológico sobre la Universidad, Trujillo creó la Guardia Universitaria Presidente Trujillo, agrupación paramilitar integrada por estudiantes y profesores con el propósito de “controlar y vigilar cualquier propagación de ideas, de propaganda disolvente, de teorías y doctrinas desquiciadoras, de prácticas malsanas”. Fue así como el sátrapa convirtió la Universidad Primada de América en un instrumento de represión al servicio de su gobierno.