Concentrarse en los cultivos de ciclo corto como política de Estado en 2022, y la autosuficiencia arrocera que se reporta como ahora lograda, no restan magnitud a la falta de apoyo a la agropecuaria dominicana si se toma en cuenta que solo un 10% de los productores criollos y sus fincas han venido teniendo acceso al sistema financiero como el propio oficialismo certifica.

La marginación en términos crediticios de la agricultura y la ganadería, que ha continuado bajo este Gobierno, explica en parte que constituyeran el sector de la economía de menor crecimiento, muy por debajo del turismo.

La pobreza de su aporte al PBI (2.4%) se debe en buena medida a la limitada capacidad de los productores del campo para ser sujetos de crédito de cara a la dureza de normas crediticias y al predominio de tasas de interés incosteables para quienes -como con ellos ocurre- carecen de una infraestructura de comercialización que favorezca su rentabilidad.

Este país tiene que jugar al fortalecimiento de la producción de alimentos para defenderse de la inflación importada y hacer frente a los costos inferiores que caracterizan a países que compiten con las exportaciones de República Dominicana.

Con su endeudamiento interno sometiéndose a graciosas tasas elevadas, el Gobierno distorsiona el uso del ahorro nacional encareciendo el dinero que debe servir al desarrollo y no solo a unos gastos públicos que no necesariamente contribuyen a que el país sea más productivo.