¿Qué queremos? ¿Celebrar las elecciones municipales frustradas el pasado 16 de este mes, suspendidas por una decisión de la Junta Central Electoral?
¿Queremos determinar quiénes fueron los boicoteadores, o saboteadores, y sus autores intelectuales;quienes se burlaron de la Constitución y las leyes que ordenaban la celebración de comicios, ¿para sustituir las autoridades municipales al término de su mandato?
¿Se quiere determinar lo de los equipos electrónicos, que curiosa y extrañamente funcionaron bien para una inspección o auditoría realizada por una firma de expertos extranjeros y dos días después se determinó que el sistema no funcionaba a cabalidad, en toda su extensión?
Independientemente de los resultados que arrojen las pesquisas debe ser posible determinar hasta dónde llega la autonomía del organismo electoral que compró equipos por millones de dólares, cuando Roberto Rosario Márquez era presidente de la Junta Central Electoral y, sin que prestaran el servicio, ruedan obsoletos en algún almacén del organismo.
Pese a ese fracaso multimillonario, 20 o 30 millones de dólares, nunca se ha iniciado una investigación sobre esos equipos y la millonada echada a la basura como hierro viejo. Eso está pendiente.
Advertido fue por distintas voces, que el nuevo sistema adquirido recientemente, había sido rechazado en distintos países donde el empleo de esos equipos fue un fracaso rotundo, pero aun así fue comprado a un costo de más millones de dólares.
Ya el gobierno se apresuró a garantizar que hay dinero para montar, otra vez, el aparataje nacional necesario para celebrar los comicios municipales: sueldos, dietas, transporte, impresión de millones de boletas a todo color y un largo etcétera de RD$.
Eso no resuelve el problema fundamental. El problema fundamental, en ese caso, es el descrédito al sistema nacional electoral creado por los responsables de realizar elecciones con el espíritu con que vota el pueblo: tranquilo, civilizado, confiado.
El problema fundamental es el desaliento y la desilusión del pueblo electoral que deposita sus votos y siempre hay manejos por vericuetos que, al final, resulta que se votó por un candidato y los votos se le cuentan a otro. No es la primera vez.
La rápida convocatoria, destinada a enderezar el entuerto creado con la suspensión de las elecciones, al fijarlas para el próximo mes, obliga a un esfuerzo ciclópeo de los partidos, de la Junta, de la sociedad civil, para convencer al pueblo de que acuda a votar.
Las vacilaciones pueden costar muy caro. Mella disparó su trabuco para confirmar la decisión de la Independencia; Caamaño tomó la decisión de luchar en el puente Duarte; a los partidos y a la JCE les faltó tabaco en la vejiga el sábado 15 de febrero para suspender las elecciones. Conocían las fallas del sistema. La irresponsabilidad es compartida.