La corrupción política, caracterizada por el enriquecimiento ilícito logrado con el poder político-administrativo o jurisdiccional de quienes manejan el Estado, constituye uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta la sociedad latinoamericana.

El autoritarismo crea condiciones favorables para el uso discrecional de fondos públicos por parte de sus administradores; que hace a una sociedad más susceptible a la corrupción gubernamental; pero también la democratización trae la búsqueda de respaldo político y financiero que la hace susceptible de corrupción, cuando no se establecen los controles adecuados.

La pérdida de influencia de las ideologías políticas y religiosas, así como el relajamiento de los lazos sociales y valores tradicionales, también la favorecen. Lo que Lipovetsky llamó eufemísticamente post-moralismo.

Tales factores pueden incluirse entre las excusas, las justificaciones y la aceptación como natural de la corrupción (Silva y Hernández, 1955) pero en última instancia, ésta florece más donde quiera que no haya normas y sanciones que la controlen efectivamente.

Sus principales variedades son:

El absentismo burocrático. Es el abandono parcial o total de las responsabilidades de un empleo o función pública, para dedicarse a actividades político partidistas o privadas, en perjuicio del erario.

La dilapidación de recursos del Estado. Es el uso de fondos públicos en gastos y empleos innecesarios, generalmente para satisfacer intereses propios o de relacionados.El usufructo de bienes públicos: material gastable, equipos, vehículos e inmuebles del Estado para fines privados.

El favoritismo o amiguismo. Significa establecer preferencias odiosas a favor de ciertos individuos o grupos, como en el nepotismo, o gobierno por y a favor de una familia.El trafico de influencias, cabildeo o lobbing, es la práctica de utilizar el acceso a funcionarios públicos o la sociedad civil, para obtener informaciones y ventajas, en reciprocidad por otras gestiones en su beneficio.

Las contrataciones dolosas, son prácticas que consisten en la concesión de contratos públicos no competitivos para beneficiarse de comisiones o favorecer relaciones personales.

Estas y otras son las formas en que la corrupción va minando a nuestras instituciones, con imprevisibles consecuencias para la sociedad dominicana.