No se puede asumirse literalmente la expresión de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte, de que “con los recursos que se distraen a través de las distintas instancias del Estado se podrían hacer dos República Dominicana, pero por su talento, mesura y probada capacidad de hablar con pleno conocimiento de lo que habla, su declaración puede asumirse como indicador del estado de  desinstitucionalización, corrupción, abuso y mal uso de los bienes públicos en que discurre la administración del actual grupo gobernante.

En tal sentido, no es a Licelott Marte a quien en primer lugar, hay que pedirle cuentas por lo que ha dicho, sino a las figuras que están directa e indirectamente al frente de las diversas instituciones del Estado auditadas y cuyos resultados son escandalosos. Aunque sí, podría pedírsele más detalles sobre la denuncia que hace, preguntarle si efectivamente, la Cámara de Cuentas ha depositado sus cuentas en cada una de las instituciones auditadas, si las ha discutido con los principales funcionarios de estas instituciones y si tiene registrado esas discusiones.

Ella no tiene que demostrar con números si con la distracción de los fondos públicos de parte de quienes los han manejado se puede o no hacer dos RD, quienes tienen que demostrar que son claras sus cuentas son las personas e instituciones interpeladas por la Cámara de Cuentas. No es a ella a quien el Congreso debe interpelar, como amenazan algunos diputados e insinúa uno que otro senador, sino a quienes presiden o han  presidido esas instituciones.

Por ejemplo, los diputados deberían exigirle a quien fuera el presidente de su Cámara, Julio César Valentín, que explique los “errores” detectados en el manejo de los fondos durante su gestión, que arrojan la escandalosas cifra de cercas de tres mil millones de pesos erogados sin la debida justificación. Se le puede preguntar a la presidenta de la Cámara de Cuentas si solicitó a la Contraloría General de la República o a la Procuraduría la investigación de ese supuesto dispendio o robo del dinero público, pero es Valentín quien debe aclarar ese asunto.

Igualmente, es el alcalde del Distrito Nacional quien debe aclarar  las  irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en el pago y asignación de obras públicas, cuyo monto asciende a decenas de millones de pesos, como también debe explicar el alcalde de San Francisco de Macorís cómo se gastaron centenares millones de pesos en pago, compra y construcciones, detectados como no debidamente justificados por la Cámara de Cuentas.

En esas instituciones del Estado, en la Fuerzas Armadas, entre otras, debida y claramente identificadas, es “dónde se distraen los recursos en la administración pública”. Eso lo saben todos, por lo que pedirle a la presidenta de la Cámara de Cuentas que rinda cuentas de lo que dijo es desviar la atención sobre el significado de lo que realmente dijo.

Quizás la suma de los recursos públicos saqueado por el grupo político que administra el Estado dominicano no alcance para “hacer otra República Dominicana”, pero, indiscutiblemente ese saqueo ha contribuido a que nos hayamos convertido en una vergüenza para el mundo. Eso es lo que cuenta.