El prestigioso periodista y comunicador Juan Bolívar Díaz escribió en este mismo diario un artículo donde decía como los congresistas han ignorado por completo la Ley del Defensor del Pueblo. Ya un día antes de aparecer el artículo de Juan Bolívar, específicamente el 19 de febrero, la primera página de este mismo periódico Hoy traía en cinco de las seis columnas, la noticia con el título de, cito: “Generales y coroneles usan bienes incautados a narcos” y a seguidas, la presidenta del Consejo Nacional de Drogas dice que deben utilizarse en otras actividades, termino la cita.

La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social en su artículo 20, señala las fuentes de financiamiento estatal, y a continuación señala las siguientes fuentes, de las cuales destacaré los acápites e, relacionado a los impuestos a las ganancias de los premios mayores. El f, los impuestos a los juegos de azar autorizados. El g, los patrimonios sin herederos. El h, los bienes confiscados por sentencia definitiva a los traficantes de drogas, de contrabando o de cualquier otro origen. Y por último el i, de las utilidades obtenidas por las empresas públicas capitalizadas.

Mucho me gustaría conocer, como me imagino que a los lectores de este artículo, cuál es el destino final de las ganancias de la Lotería ya que no aparecen en el presupuesto de la Nación como utilizados por la tesorería de la Seguridad Social. Más aún, al igual que otras instituciones públicas, hacen funciones que no les corresponden, al tener La Lotería consultorios médicos de reciente instalación y la distribución sin objetivos definidos, en tiempos de campañas políticas, regalos de electrodomésticos, juguetes y otros.

Asimismo, quisiera ver en el presupuesto nacional, la partida relacionada a las ganancias de los juegos de azar destinadas a la tesorería de la Seguridad Social. 

En relación a los patrimonios sin herederos, nunca he escuchado ni visto que los fondos sin dueños encontrados en los bancos quebrados, fueran enviados a la tesorería de la Seguridad Social.

El acápite h, en el renglón del narcotráfico, este mismo periódico trae la noticia en primera plana de una fotografía del edificio Atiemar en que anuncia que la jueza de la quinta sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional adjudicó el referido edificio al Banco de Reservas por un valor de US$34.7 millones de dólares. En el renglón de los contrabandos del mismo acápite, nunca he visto fotografías, ni escuchado noticias de que Aduanas haya enviado estos bienes a la tesorería de la Seguridad Social.

Finalmente, el acápite i sobre las utilidades de las empresas públicas tampoco se han visto las ganancias ser enviadas como ingresos a la Seguridad Social.

Esto que acabo de describir es otra violación fragante a las leyes dominicanas, en esta ocasión a la Ley 87-01 que explica en parte cómo a 10 años de promulgada dicha ley, menos del 40% de la población goza de un Sistema de Seguridad efectivo, tal y como lo ordena la referida ley, pero aún más, el gasto en salud continúa siendo muy alto y financiado por los bolsillos de las familias.

 Y, debemos recordar, que para que esta ley sea efectiva, también hay que cumplir con la ley marco, que es la 42-01 o Ley General de Salud que crea el Sistema Nacional de Salud, también violada e ignorada sistemáticamente por este gobierno.

Considero que la población más consciente del país debe iniciar una movilización general tal y como lo viene haciendo con la ley de educación para que el gobierno entre en la legalidad, sobre todo en las leyes que inciden en el desarrollo de la salud del pueblo dominicano.