POR CLAUDIO CABRERA
Aunque las industrias de zona franca tienen sus días contados debido al acuerdo concertado por los países adscritos al RD-Cafta, a mediano plazo dichas empresas podrían continuar siendo atractivas para la inversión extranjera, pero a condición de que mejore el sistema contributivo que se les impondrá en un rango no mayor al de las empresas destinadas a la producción interna.

En el documento sobre «Libre Comercio en América Central: ¿Con quién y para qué? Las Implicaciones del Cafta», elaborado por economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se sostiene que con el rango de tasas al impuesto corporativo sobre la renta que van desde el 25 al 30% «la producción del sector podría dejar de ser atractiva para los inversionistas extranjeros».

El documento que analiza la posición actual del sistema de zonas francas en los países integrantes del Mercado Común Centroamericano (MCCA) postula la necesidad de que las naciones suscribientes del DR-Cafta con los Estados Unidos asuman el Impuesto Sobre la Renta para que las empresas no sobrepasen entre el 10 al 15%.

Aunque el documento centra la atención de su análisis entre los seis países originalmente firmantes del acuerdo, refiere que en el caso de la República Dominicana, país que se adhirió posteriormente, «el efecto fundamental del RD-Cafta será aumentar el comercio bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos».

Afirma que la tendencia prevaleciente en lo inmediato deriva los esfuerzos hacia una mayor integración en común de los países de la región que ya tenían una tradición de mercado común, aunque con sus limitaciones.

Los cinco integrantes subregionales del MCCA son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua que firmaron con los Estados Unidos el Cafta el 17 de diciembre del 2003, con excepción del primero que firmó posteriormente.

«Como se las conoce al día de hoy -sostiene el documento-, las zonas francas desaparecerán con el acuerdo de la OMC acerca de subsidios, que requiere que los países dejen de otorgar exoneraciones de impuestos a la renta para exportadores a más tardar a fines de 2008».

El mandato exceptúa aquellos países que poseen un ingreso per cápita de menos de US$1,000, que en la región solamente poseen Honduras y Nicaragua.

El documento refiere que las empresas ubicadas dentro del sector indicado tendrán que acomodarse a nuevas modalidades de la economía que implican los tratados de libre comercio, sobre todo los acuerdos comerciales internacionales como el de la OMC.

Dentro del marco de estos esquemas el RD-Cafta define que el tema de los impuestos sobre la renta a las industrias de zonas francas o «maquiladoras», como se las conoce en Centroamérica, será decidido en el marco de la OMC, «lo que implica que los días de estas exoneraciones están contados».

Al considerar como algo muy «positivo» la decisión de los gobiernos de eliminar estas exenciones, la justifica por el hecho de que se trata de los sectores más dinámicos de las economías centroamericanas, pero que «no contribuyen al fisco».

Refieren los autores que dichas empresas utilizan los servicios que provee el estado, tales como caminos, seguridad ciudadana, que aunque escasa está disponible, agua y saneamiento, así como educación para sus empleados y otros.

INGRESOS ZF NO COMPENSAN

El estudio revela que a pesar del papel que podrán seguir desempeñando estas industrias tras la puesta en vigor del acuerdo de libre comercio entre los países signatarios, «los ingresos tributarios provenientes de las ex-zonas francas no compensarán las pérdidas tributarias que ocurrirán como consecuencia de la eliminación de aranceles para las importaciones desde Estados Unidos».

«La eliminación del subsidio implícito a la maquila significa la equiparación del impuesto a la renta para empresas en zonas francas con el prevaleciente fuera de ellas», agrega.

Tras indicar las desventajas de disponer de tasas de impuesto sobre la renta en las empresas del orden del 25 al 30%, asegura que con tal rango de tasas, la producción podría dejar de ser atractiva para los inversionistas extranjeros, por lo cual la tasa a que se llegue probablemente estará en el rango del 10 al 15%, «lo que significa que la tasa del impuesto a la renta corporativa para empresas fuera de las zonas francas va a tener que disminuir fuertemente».

Considera que al liberalizar un porcentaje importante del comercio, los países habrán de experimentar una caída en la presión tributaria, la cual deberá ser compensada con una reforma que logre aumentar la recaudación por otros conceptos.

Sugiere que ante tal realidad «se debería utilizar la oportunidad para modernizar los sistemas tributarios de la región, de paso contribuyendo a solucionar el problema de los déficit fiscales crónicos y de la consiguiente apreciación cambiaria prematura».

Aboga por el desarrollo de nuevos sectores de exportación y porque se apuntalen nuevos mecanismos de coordinación de sus políticas macroeconómicas, para que puedan insertarse al interior de la economía, a fin de que la estabilidad en los tipos de cambio bilaterales sean reales y sostenibles.

«Si no se logra dicha estabilidad, ella podría generar efectos no deseados sobre la ubicación de la inversión y la generación de exportaciones dentro del espacio regional».

Pero advierte que la coordinación macroeconómica, a pesar de su importancia, se dificulta por los diferentes pesos que el comercio intrarregional representa para cada uno de los países.

Al evaluar los efectos que para la región tendrá el RD-Cafta, puntualiza que ese tratado de libre comercio permitirá consolidar su modelo de crecimiento basado en la apertura y afianzará los lazos comerciales y financieros con los Estados Unidos.

En adición, plantea que la consolidación del libre comercio subregional con Estados Unidos estimulará la inversión, así como la aparición en el área de nuevos sectores con ventajas comparativas.

ARREGLOS MONETARIOS Y CAMBIARIOS

El documento sostiene que con el fin de que el trayecto hacia el libre comercio con Estados Unidos sea lo más viable posible para un crecimiento equilibrado de las economías de la región comprometidas con el nuevo esquema, «es importante moderar lo más posible la apreciación de los tipos de cambio regionales con respecto al dólar».

Para ello es indispensable que los países resuelvan sus crónicos problemas fiscales y se comience a pensar en medidas para moderar los flujos de capital especulativo.

Advierte que «si no se toman medidas para fortalecer la posición fiscal y vigilar los movimientos de capitales de corto plazo, la entrada en vigencia del Cafta podría ser problemática para los sectores productivos de bienes transables, haciendo más lenta la transformación estructural de las economías de la región, que es, después de todo, el objetivo central que se busca con Cafta».

Por tanto, pondera la prudencia con que los países en un período razonable completen su proceso de integración regional, ya que puede involucrar varias secuencias posibles de armonización y creciente coordinación.

Tal esfuerzo deberá incluir el perfeccionamiento de elementos conducentes a una unión aduanera, hacia la integración física, a integración de mercados financieros regionales, una mayor armonía en los tipos de cambio bilaterales y a una coordinación macro de mayor alcance apuntando a una eventual unión monetaria.

Refiere que aunque los beneficios netos del Cafta serán importantes y positivos, el balance final se saldará entre ganadores y perdedores, por lo que la comunidad financiera internacional debe dar su apoyo en el proceso de reconversión mediante la provisión de fondos y la cooperación técnica.