El amigo periodista Laureano Guerrero admira que respondo prestamente cuando llama para invitarme a su programa televisivo; y por no cambiar de número telefónico. Por lo que narro a continuación parece que no podré mantener ese atributo. Si así sucediera quiero que Laureano sepa que no sería por decisión propia sino por arbitrariedades amparadas en  poderíos empresariales en complicidad con negligencias gubernamentales, que echan por el suelo aquello que “el cliente tiene la razón”; a pesar del estereotipado “para servirle” y parafernalias de “servicio al cliente”.

A principios del 2010 la firma que presido recibió un cargo sin precedentes en su factura telefónica por publicidad en el DIRECTORIO TELEFÓNICO sin haberlo autorizado, sin necesitar publicidad por  resultar perjudicial a sus actividades. Fue pagado inicialmente instado por agencias de CODETEL para su posterior reclamación.

Al formalizarla se negaron a recibirla aduciendo que solo prestan servicios de cobros al Directorio Telefónico remitiéndome a un desesperante número telefónico repleto de esperas y transferencias; por lo que decidí acudir a INDOTEL sin obtener reacción alguna.

Solicité entonces la cancelación del teléfono.  Al siguiente mes fue dejado en la sede de la firma un formulario-contrato amarillento con vigencia retroactiva y valor incrementado que no firmé. Protesté formalmente por el descaro de corregir  arbitrariedades y negligencias agregando irregularidades y costos.

CODETEL hizo caso omiso a esa solicitud y siguió facturando, generándose una “deuda” que luego transfirió al celular de la firma; lo que originó una segunda ronda de correspondencias copiadas a organismos públicos sin reacción alguna: PROCONSUMIDOR indicándome un procedimiento que incluye la presentación de 13 documentos y poderes especiales. INDOTEL intervino a instancias de amistades intercesoras, obteniendo sólo un número de reclamación a dar seguimiento.

Rechazando valerme de influencias y relaciones para obtener actuación oficial, como también mendigar soluciones ante responsables de abusos en la prestación de servicios pagados; preferí sumarme a las 130,000 personas que pueden ser víctimas de atropellos similares cometidos en nombre de  alardeadas eficiencias y servicios no prestados con la calidad pregonada, potencialmente traducibles en ganancias excesivas de hasta RD$4,000 millones a costa de consumidores.

Recurrí como ciudadano común a la protección de autoridades para validar mis derechos.

Pero de nada ha valido. CODETEL comenzó inhabilitándome efectuar llamadas celulares, amenazándome varias veces todos los días con suspenderme plenamente el servicio si no pago la supuesta “deuda”; aunque siga honrando la renta mensual más impuestos establecida.

Laureano, si marcas y ahora no respondo, es por empresas que no testimonian la responsabilidad social derivada de economías libres y por pasividad de autoridades llamadas a defender derechos ciudadanos.