PUERTO PRÍNCIPE (EFE).- El partido Familia Lavalas, del ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, no participará en las elecciones del próximo 20 de noviembre si su candidato, el religioso Gerard Jean Juste, no es puesto en libertad.

«Si el padre Jean Juste no puede participar como candidato de Lavalas en las elecciones, nuestro partido no acudirá a los comicios», aseguró a la prensa el líder del partido en el popular barrio de Bel Air de la capital, conocido como Samba.

«Nosotros demandamos la celebración de unos comicios libres y democráticos bajo la estrecha vigilancia de la comunidad internacional y con la participación legal y autorizada del partido» Lavalas, dijo.

«Pero mientras nuestros candidatos sean encarcelados y nuestros seguidores reprimidos no se podrá hablar de elecciones libres en Haití», subrayó Samba a EFE.

El sacerdote Jean Juste fue arrestado en julio pasado tras el asesinato del periodista Jacques Roche, perpetrado el 14 de ese mes en la capital haitiana, tras ser secuestrado.

«El caso más humillante» es el del padre Jean Juste, «sobre el que no pesa cargo alguno», aseguró.

Samba dijo que el gobierno provisional encabezado por Gerard Latortue «no tiene ni la potestad, ya que no ha sido elegido democráticamente por el pueblo haitiano, ni la capacidad para organizar estas elecciones».

El actual Gobierno provisional de Haití ha convocado elecciones legislativas y presidenciales para el próximo 20 de noviembre, y locales para el 3 de diciembre.

«Demandamos desde aquí un absoluto control y vigilancia por parte de la comunidad internacional de los próximos comicios ya que de lo contrario serán un absoluto fracaso», añadió Samba, quien repasó la actual situación que vive el país caribeño.

«Exigimos la puesta en libertad de todos los presos políticos del partido (…) que actualmente están en prisión sin cargo alguno», señaló.

«El gobierno de Latortue está vulnerando la Constitución haitiana de 1987 al retener en las prisiones a centenares de seguidores de nuestro partido sin cargo alguno», reiteró.

El líder de Lavalas en Bel Air, donde el ex presidente Aristide sigue gozando de un apoyo masivo como en Cité Soleil, denunció que las masacres y asesinatos de miembros de su partido continúan ocurriendo impunemente por parte de la Policía Nacional Haitiana (PNH).

Las críticas al organismo encargado de organizar los comicios en Haití, el Consejo Electoral Provisional (CEP), se centraron en su supuesta incapacidad y sistemática violación de la Constitución del país.

«La Constitución no establece que los candidatos tengan que inscribirse personalmente ante el CEP y por ello el padre Jean Juste tiene todo el derecho de ser nuestro candidato. Pero este organismo nos ha impedido inscribir al padre precisamente por no presentarse personalmente, algo imposible ya que permanece encarcelado ilegalmente en la penitenciaria de Puerto Príncipe», dijo.

Samba anunció que a partir del próximo 7 de octubre, fecha en la que el CEP debe decidir qué candidaturas de las presentadas hasta ahora podrán participar en los comicios, Lavalas reanudará sus protestas y marchas pacíficas para presionar al gobierno.

«Todavía no hemos decidido qué actuaciones tomaremos en caso de que las elecciones se celebren, salga un gobierno elegido y este gobierno empiece a trabajar positivamente por las gentes pobres de Haití. No sabemos si les apoyaremos o seguiremos con nuestras movilizaciones», afirmó.

El partido del ex presidente Aristide ha inscrito provisionalmente a Gerald Pilles como candidato, ante la imposibilidad de inscribir a Jean Juste, aunque éste no tiene el respaldo de las bases más humildes de su partido que se concentran en Bel Air o Cité Soleil.

Haití fue en 2004 escenario de una violenta crisis que determinó la salida del país de Aristide y la instauración de un gobierno provisional con apoyo de una fuerza militar de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aristide, actualmente exiliado en Sudáfrica, partió de Haití el 29 de febrero de 2004, supuestamente bajo protección de «marines» de Estados Unidos, a los que ha acusado de «secuestro político», con el consiguiente desmentido de la autoridades de ese país.