Al monto astronómico del Presupuesto General del Estado propuesto para el 2017, hay que agregar 25 mil millones de los fondos de pensiones que el Gobierno proyecta destinar para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal del país.
Antes que carreteras, el país requiere de inversiones en obras reproductivas que garanticen el recobro de dineros que salen de las costillas de millones de trabajadores, empobrecidos por el constante aumento del costo de la vida, alimentos, medicinas, educación, entre otros.
Esos dineros, antes que, en carreteras con mantenimiento deficiente y cobros excesivos de peajes, debieran ser invertidos en obras que beneficien la calidad y eficiencia de los servicios de salud para todos los afiliados, para la producción agropecuaria, para la industrialización, para la educación técnico-profesional.
Esa decisión significa que esos recursos, pertenecientes a millones de trabajadores, serán objeto de la avaricia y la irresponsabilidad que los destinará en obras de interés no prioritario, mientras se puede afirmar sin temor a equivocación que es mínima y ridícula la inversión en agricultura, pecuaria, investigación, industrialización de productos agropecuarios.
Es cierto que las carreteras tienen una gran utilidad económica y social, ya que enlazan comunidades y permiten el tránsito de los productos hacia los mercados, puertos y aeropuertos, pero de nada vale la mejor red de carreteras del mundo si no se tiene producción que justifique las mismas.
Ese palo acechao a los fondos de pensiones, que han servido para enriquecer a sus administradores en desmedro de los servicios que se ofrecieron y que tan mal han sido satisfechos, constituyen la crónica de una muerte anunciada.
La noticia de ese despojo contra los cotizantes del sistema nacional de seguridad social es una nueva forma de negocios para complacer, para satisfacer, para ayudar, para contribuir a crear más ricos de la nueva clase fomentada por el Partido de la Liberación Dominicana, en beneficio del más formidable equipo de corrupción creado, fomentado y mantenido, de manera clara y descarada, al amparo de un sistema de impunidad cobijado en leyes y disposiciones creadas y mantenidas para engañar al pueblo y apantallarlo con declaraciones altisonantes de honestidad que ni practican ni han tenido la intención de practicar.
Esa noticia de una gravedad extraordinaria, ya que se trata de disponer del ahorro de millones de cotizantes de la Seguridad Social para beneficio de contratistas, amigotes y cómplices, permite pensar que, dada la eficiencia de los actuales manejadores del poder, provocará que esos dineros se conviertan en sal y borrajas.
Hace tiempo que los buitres han estado tras introducir sus manos en ese botín. Para eso el PLD ha trabajado para tener el poder de hacer las leyes, administrarlas y manejar la justicia para garantizar la impunidad.