El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, propuso hoy a todas las fuerzas políticas, económicas, religiosas y sociales del país que la Cumbre por la Unidad y la Recuperación sea un espacio permanente de consulta para hacer realidad la promesa de una verdadera democracia participativa, y garantizar así la participación constante de la sociedad organizada en la toma de decisiones públicas.

A continuación su discurso:

¡Buenos días!

Quiero agradecer al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) por brindarnos esta oportunidad para presentar los lineamientos generales de nuestro plan de gobierno, en los temas que hemos considerado de mayor interés del sector empresarial. En este discurso pretendo compartir con ustedes no solo el país que queremos para progresar, sino lo que vamos a hacer exactamente para conseguir el país que necesitamos.

Desde sus orígenes, el CONEP, como ente aglutinador de las diferentes organizaciones del sector privado dominicano, ha jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de la libre empresa en nuestro país. Una economía vibrante solo es posible si existe un sector privado fuerte y dinámico. Y para esto es imprescindible contar con un ambiente de negocios en donde las reglas sean claras e iguales para todos, donde no existan obstáculos burocráticos, fiscales, corrupción administrativa, en otras palabras, donde el estado acompañe adecuadamente al inversionista en sus iniciativas. Solo así será posible lograr la meta de un crecimiento económico con desarrollo.

El crecimiento económico es un medio para alcanzar la mejoría de la calidad de vida de las personas. Y en estos momentos, como consecuencia de la pandemia del COVID19, dicho crecimiento debe garantizar que la población disponga de los medios económicos para superar la crisis y asegurar que en el proceso de reactivación las empresas puedan reestablecer sus operaciones a la mayor brevedad posible.

Nuestra economía, históricamente, ha exhibido tasas de crecimiento del PIB por encima del promedio de la región. Sin embargo, este crecimiento se ha producido en un ambiente de alta informalidad del mercado de trabajo, salarios bajos y precariedad laboral. Adicionalmente, el gasto público es de pésima calidad y la deuda pública ha crecido de forma descontrolada y compromete una parte importante de los ingresos públicos.

Nuestro plan de gobierno ha sido diseñado con el objetivo de lograr un crecimiento con desarrollo, transformando el Estado en uno moderno, eficiente y capaz de responder a los desafíos de la seguridad ciudadana, del sector eléctrico y a los déficits de los servicios públicos. Todo lo anterior cumpliendo con las nuevas demandas que impone una política exterior soberana en un mundo globalizado.

Si bien es cierto que la crisis del COVID19 ha introducido elementos que deben ser incorporados dentro de nuestros planes, nuestra prioridad sigue siendo la creación de empleos formales. El Gobierno del Cambio aspira a crear 600 mil empleos formales en un período de 4 años, a reducir la tasa de desempleo y a revertir la informalidad en el mercado de trabajo.

Hemos analizado detenidamente como lograr este objetivo. El crecimiento de nuestra economía se ha sustentado en la demanda doméstica y específicamente en el crecimiento de los sectores que producen bienes no transables, tales como construcción, salud, finanzas, y comunicaciones. Es hora de implementar una verdadera política exportadora, pues solo así podremos revertir la informalidad del mercado de trabajo y propiciar una mejoría en los niveles de salarios de nuestra fuerza laboral.

Dentro de las medidas que implementaremos para lograr este objetivo se encuentran:

Eliminar del cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta la proporción de los ingresos que se origina en el valor exportado
Implementar una política agresiva para duplicar el número de empresas de zonas francas con énfasis en el encadenamiento local.
Capacitar al servicio exterior para promover las inversiones extranjeras hacia el país, así como los productos y servicios dominicanos en el exterior.
Aplicación de la sentencia relativa al transporte de carga.
Apoyo para lograr la aprobación de la nueva ley de aduanas
Hacer eficiente y coordinada las inspecciones de productos de exportación de las distintas instituciones públicas utilizando un sistema de perfil de riesgo
Acelerar la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, mejor conocida como VUCE, integrándola con la iniciativa privada de DR Trade.
Apoyar enérgicamente la minería responsable con el medioambiente.
Desarrollar un turismo más allá de playa y sol. El Gobierno del Cambio, creará las condiciones para expandir la oferta de los servicios turísticos y simultáneamente ejecutará una agresiva política de buscar nuevos mercados emisores de visitantes y ampliar los mercados existentes.

Todas estas medidas están orientadas a propiciar un incremento en la demanda de trabajo. Sin embargo, es también imprescindible aplicar políticas públicas que apoyen la oferta de trabajo, mediante el fortalecimiento de las habilidades y conocimiento de nuestros trabajadores. Solo así podremos lograr ese objetivo tan importante de aumento del salario de nuestra fuerza de trabajo. Para esto, nuestro plan de gobierno contempla:

Mejorar la educación para el trabajo técnico en INFOTEP, tomando en cuenta las necesidades de los sectores productivos, las necesidades territoriales; las nuevas metodologías de enseñanza y las plataformas tecnológicas, así como el desarrollo de iniciativas emprendedoras.
Mejorar los contenidos del currículo de los Bachilleratos, Modalidad Técnico profesional y Artes. Promoviendo salidas hacia el emprendimiento y la inserción laboral de jóvenes.
Fomentar programas productivos bajo el sistema de cooperativas, lo cual debe comprender: capacitación y fortalecimiento del nivel de asociación.
Promoción del inglés como segunda lengua.
Establecimiento del Programa oportunidad 14-24, que consiste en Identificar en todos los barrios del país a los jóvenes entre 14 y 24 años que en la actualidad ni trabajan ni estudian, para integrarlos en programas de formación técnico-vocacional, culturales y motivacionales.

Por último, y en paralelo con las políticas públicas orientadas a fortalecer la demanda y oferta de trabajo, nos proponemos crear un ambiente que propicie una reducción significativa de la informalidad. La informalidad es el resultado de la incapacidad del Estado de proveer los bienes y servicios que las empresas y las personas obtendrían a cambio de los impuestos que pagan. La mejor forma de enfrentar la informalidad es a través de mejorar la eficiencia del Estado en el cumplimiento de sus funciones y mejorar la institucionalidad. No obstante, algunas acciones son prioritarias para reducir el costo de transacciones de las empresas y personas con el Estado. Entre esas medidas me permito mencionar las siguientes:

Revisar todas las normas de la DGII para eliminar aquellas que crean burocracia y no tienen alto impacto en la recaudación.
En el ámbito de la permisología someteremos un Proyecto de ley de silencio administrativo.
Actuar con firmeza contra el contrabando de mercancías.
Promover la agilización de los fallos a Recursos de Reconsideración para que no tarden más de 3 meses en ser fallados y eliminar el cobro de intereses sobre el tiempo superior a estos 3 meses sin haberse fallado el recurso.
Implementar la Ley de Garantías Mobiliarias para permitir que los pequeños empresarios puedan utilizar bienes muebles como garantía de sus préstamos.
Implementar un mecanismo ágil de pagos de adelantos en las compras gubernamentales.
Establecer parámetros transparentes, claros, para declarar licitaciones de urgencia que eviten la penalización a las MIPYMES.

Existen dos grandes desafíos económicos que enfrentaremos de forma responsable y transparente a partir del 16 de agosto. Y me refiero a lo que denomino los déficits mellizos del sector público. Por un lado, tenemos el déficit fiscal y por el otro al déficit del sector eléctrico.

Tenemos ya más de doce años en donde las finanzas públicas han operado con déficits significativos. Y estos déficits han ocasionado un evidente incremento en la deuda pública. Y luego de doce años de gastar más de lo que se recauda, ninguno de los problemas fundamentales que aquejan a nuestro país ha sido resuelto.

La calidad de la educación sigue siendo pésima. Según el Banco Mundial, en 2018 la expectativa de escolaridad de un niño dominicano era de 11.3 años, pero la escolaridad efectiva por manejo de contenidos equivalía a 6.3 años. Los datos de PISA en 2019 colocaron a la República Dominicana en los peores niveles de calidad.
Nuestro sistema de salud es incapaz de garantizar la salud como un derecho.
Adicionalmente, la morbilidad y la mortalidad prevenibles están en aumento.

La población se siente insegura por la delincuencia existente.
Casi la mitad de la población no tiene acceso al agua potable
Existencia de un déficit habitacional que supera los 2,1 millones de viviendas.
Un sistema eléctrico incapaz de proveer electricidad las 24 horas del día.

Y el resultado son necesidades primordiales insatisfechas y finanzas públicas deterioradas y con grandes restricciones para enfrentar la crisis que estamos padeciendo fruto del COVID19. Esto vamos a cambiarlo.

Nuestro programa de gobierno, el cual fue elaborado antes del surgimiento de la pandemia, tenía por objetivo eliminar el déficit del sector público no financiero en un periodo de cuatro años. Obviamente, la pandemia impone un cambio de esta meta pues el objetivo primordial de corto plazo es la recuperación rápida de la economía para evitar la pérdida de empleos. Sin embargo, una vez superada la crisis y estabilizada la economía retomaremos nuestro compromiso del establecimiento de una regla fiscal en donde el gasto público primario crezca por debajo del crecimiento de los ingresos tributarios. Lo que sí quiero que les quede claro es que desde el primer día manejaremos las finanzas públicas con total transparencia y eliminado todos los gastos superfluos y dispendio que existen actualmente.

Debemos garantizar la disponibilidad de energía, porque es determinante para alcanzar el potencial productivo de una economía. El problema de los apagones debe resolverse. Lo primero que haremos es sacar la política de este sector. El fortalecimiento de la institucionalidad significa eliminar la extrema politización que ha caracterizado las actuaciones de las instituciones y empresas públicas en este sector. El primer foco de politización, despilfarro y sobrecostos son las tres empresas distribuidoras de electricidad, por lo que dentro de las primeras medidas de mi gobierno se encuentran la eliminación de los tres consejos de administración y la designación de solo uno integrado por profesionales de gran solvencia profesional y ética.

El mandato inmediato de ese nuevo y único consejo será la eliminación del dispendio, la mejora gerencial, la introducción de nuevas tecnologías y, eventualmente, el traspaso de la gestión administrativa de las distribuidoras a una firma privada especializada en gestión de servicios públicos que se contratará mediante licitación pública internacional. Así lograremos un sector eléctrico confiable para el sector productivo y asequible para los ciudadanos. Con estas y otras medidas conseguiremos garantizar la energía permanente y de bajo coste que el sector productivo necesita.

Quiero referirme ahora a la reforma del Estado que nos proponemos realizar. No es posible lograr nuestro objetivo de crecimiento con desarrollo manteniendo un Estado ineficiente, poco transparente en el uso de los recursos públicos, y en donde la corrupción y la impunidad son vistas como algo normal. Pues no, no es normal que exista tanta corrupción, y menos normal es que la impunidad sea la norma.

Dentro de las medidas que implementaremos para la modernización del Estado se encuentran:

Crear un mecanismo compatible con la Constitución para crear un Ministerio Público independiente.
Fortalecer la independencia de las Unidades de la Contraloría, situadas en las entidades públicas.
Adecuar la ley de Compras y Contrataciones Públicas a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública.
Establecer a la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización del plan de auditoría, debiendo ser auditada cada institución del Estado anualmente.
Limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del Ejecutivo, mediante Leyes de Silencio Administrativo Positivo.

Les propongo a todos ustedes que nos acompañen en este proyecto de nación. El interés del PRM y el del CONEP coinciden perfectamente. Ambos queremos fortalecer la libre empresa. Ambos somos agentes de cambio y transformación. Queremos la consolidación de nuestra democracia y sus instituciones. Y por último, estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de la nación dominicana.

¡Muchas gracias!