JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Como todos los procesos electorales, aún los más puros, el que está culminando en estos días deja lecciones que deben ser registradas y ponderadas, para no seguir cometiendo los mismos errores ni padeciendo de las mismas precariedades institucionales.

La primera y más notoria es que ya no es suficiente tener jueces afines para que un partido se garantice la victoria, como ocurría cuando el padrón electoral era un secreto de Estado y el proceso se manejaba arbitrariamente.

Ni aún cuando se controlen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como se demostró hace dos años.

Más aún, los magistrados electos unilateralmente por el Senado de mayoría perredeísta se han visto compelidos a dar testimonio de independencia.

 Hasta cierto punto, presos de chantaje, no desentrañaron muchas de las irregularidades de que adoleció el proceso.

Por ejemplo, no se atrevieron a llamar la atención al Presidente de la República sobre el obvio abuso de recursos estatales en la campaña de su partido.

Las denuncias y testimonios recibidos de muchos lugares del país dan cuenta de una compra masiva de conciencia con recursos que no salen de los bolsillos de dirigentes y candidatos, sino del Estado o fruto del tráfico de influencia que se ejerce desde los cargos públicos, del gobierno central, de los organismos descentralizados, del Congreso Nacional y de los ayuntamientos.

Fue obvio que la compra de conciencia fue una práctica generalizada por parte de diversos partidos aunque, como siempre, sobresalió el que controla los recursos del poder, utilizando no sólo gran cantidad de dinero, sino también comprando dirigentes, militantes y candidatos a través de ofertas de empleo, contratas, candidaturas y diversas canonjías.

Pero relevantemente ofensiva y grosera fue la compra abierta de votos el día mismo de los comicios en una gran proporción de los centros de votación, especialmente en las comunidades más pobres y en los barrios marginados de los principales centros urbanos.

Otra lección que no debe olvidarse es que habrá que hacer mayores esfuerzos para conseguir operadores de colegios electorales en capacidad de contar bien los votos y cuadrar las actas, para que éstas puedan ser leídas por escáner.

El descuadre de las actas, especialmente por el voto preferencial de los diputados, fue el factor fundamental del atraso en la computación de los resultados y en las casi 300 impugnaciones que le siguieron.

Por parte de los partidos queda también la necesidad de entrenar mejor a sus delegados, pues estos son corresponsables de que las actas hayan quedado descuadradas.

Su papel es precisamente velar porque las actas reflejen fielmente los resultados de las mesas, por lo que están llamados a detectar y pedir corrección de los errores.

Es posible que en la medida en que los procesos electorales sean normales y no impliquen traumas que pongan en peligro la estabilidad de la nación, habrá menos disposición de personas capacitadas para invertir al menos 15 horas en un colegio electoral.

Mientras el nivel educativo promedio en el país no se eleve considerablemente, el cuadre de las actas será un problema que demandará soluciones.

Queda también la lección correspondiente a los empresarios, dignatarios eclesiásticos y hasta embajadores que pusieron presión indebida e injustificada a la Junta Central Electoral.

Cuatro días después de las votaciones, cuando la mayoría de las juntas municipales no habían podido completar sus respectivos cómputos, esas personalidades acudían a la JCE para exigir resultados que los jueces no podían ofrecer.

No faltaron quienes condenaron a los jueces electorales, cuando todavía las juntas electorales municipales trataban de cuadrar las actas y completar sus cómputos.

El respeto a los procedimientos, incluyendo el derecho a impugnar que está garantizado en la Ley Electoral, debe ser respetado no sólo por los partidos sino también por las personalidades de la vida pública y los medios de comunicación.

Lo injusto de esos reclamos queda más evidente ante el hecho de que esta vez el boletín con los resultados definitivos ha sido emitido mucho antes del 21 de junio, en que aconteció en los anteriores comicios legislativos y municipales del 2002 mediante la Resolución 33 de la JCE.

Es una pena que muchos de los que hace cuatro años defendieron el derecho a aclarar los resultados conflictivos de Santiago, donde se revisó acta por acta y se anularon más de 500 votos fraudulentos, ahora estuvieran entre quienes negaban el derecho a la transparencia, cuando los resultados fueron estrechos en 6 provincias y en 45 municipios, en 14 de ellos definidos por menos de 50 votos.

Lo peor es que en la mayoría de los casos no se satisfizo el derecho de la ciudadanía a la transparencia.