El 14 de agosto, fecha que no será olvidada por los sancristobalenses y todo el país, porque a las tres de la tarde una explosión detuvo el reloj y se llevó a 33 seres humanos, todavía contando, 59 heridos y familias destrozadas ante la súbita tragedia que no debió ocurrir si en nuestro país se respetaran las leyes, el uso del suelo, la seguridad en industrias de alto riesgo y un sistema de salud con unidades modernas de quemados.

Veamos un repaso de eventos graves que ocurrieron cada dos años o menos. En febrero de 2016, la explosión de un tanque de gas propano en la estación Sol Gas ubicada en Los Ríos, DN, provocó 40 heridos, algunos graves, y destrucción de propiedades aledañas. Ese mismo año, el 5 de septiembre, en el km 28, Madre Vieja, San Cristóbal, explotó la caldera en Productos del Trópico con un saldo de un muerto y nueve heridos, el 5 de diciembre de 2018 un escape de gas en un tanquero generó una explosión en la fábrica de plásticos Polyplas con un saldo de ocho fallecidos y 103 heridos, en octubre de 2020 en la envasadora Coopegas en Licey al Medio, Santiago, una explosión provocó la muerte de 11 personas y ahora la mas grave, la tragedia de San Cristóbal.

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A pesar de esos acontecimientos, costosos en vidas y propiedades, no hemos sacado las lecciones y mucho menos tomado las medidas para evitar la repetición; por ejemplo, se permite la instalación de envasadoras o distribuidoras de gas e industrias que manejan combustibles en zonas densamente pobladas. El uso del suelo o la planificación urbana es un mito en nuestros municipios.

Lo acontecido de San Cristóbal demostró la importancia de contar por lo menos con una unidad moderna de quemados en cada hospital regional, pero una unidad de este tipo sin un banco de piel es incapaz de salvar vidas de personas gravemente afectadas y por eso varias han fallecido días después de la tragedia.

Hay que dotar a nuestros bomberos de los vehículos y equipos, en San Cristóbal fue necesaria la intervención de unidades de diferentes provincias; el mayor ejemplo de esas carencias lo vimos el miércoles 16 de agosto donde un incendio en Las Terrenas, Samaná, reveló que los bomberos locales carecían de vehículos y fueron los turistas y comunitarios quienes hicieron una cadena humana para trasladar cubos de agua del mar hasta que llegaron unidades de localidades cercanas.

Se requiere de los organismos competentes una supervisión estricta de envasadoras y distribuidoras de gas propano, de los cilindros individuales, de las fabricas con elevado nivel de riesgo e inspección de los vehículos que funcionan con gas propano.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las demás instituciones que la auxilian tienen un aprendizaje en materia de huracanes, pero requieren de protocolos para este tipo de accidente repentino y deben estar preparados para un sismo de alta intensidad donde colapsen miles de viviendas y haya que acudir a buscar sobrevivientes.

Que no se pase la página con la tragedia de San Cristóbal; tienen mucho que hacer los gobiernos locales y el gobierno central para que no se repita otra desgracia similar por la explosión de un depósito de gas propano en una industria establecida en un área densamente poblada.