Como ya es usual en la imperfecta, pero funcional, democracia dominicana, la ciudadanía acudió cívicamente a ejercer su derecho y cumplir su deber fundamental de votar. Rompiendo el maleficio de febrero, contrariando los peores augurios de los supuestos aprestos de un fraude electoral y en la línea de comportamiento visto en las elecciones de marzo, el proceso electoral culminó, sin mayores incidentes -salvo una muerte aislada- ni denuncias importantes de fraude, con la publicación de prontos resultados, la inmediata aceptación de la derrota por el candidato presidencial del partido oficial y su felicitación al candidato ganador, el recibimiento por parte del presidente Danilo Medina del presidente electo y la creación de una estructura bipartita de transición, con lo que la Junta Central Electoral y la clase política se reivindica frente a los lamentables errores y omisiones cometidos en las elecciones suspendidas, constituyéndose así el país en un modelo regional de cómo celebrar elecciones exitosamente bajo el duro estrés de una pandemia como la del covid 19.

Como ha sido lo habitual en todos los procesos electorales posteriores a 1994, salvo el de 1996, no hubo necesidad de segunda vuelta, materializándose el escenario de una polarización del voto que desembocó en un claro y amplio mandato popular de gobernabilidad para Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno y la coalición opositora que, con el control del ejecutivo, una cómoda mayoría en el Senado y una mayoría en coalición en la Cámara de Diputados, permitirá al nuevo gobierno materializar muchas de las promesas hechas en la campaña.

Un dato preocupante ha sido el inusual alto porcentaje de abstención, un 45%, lo que se explica en parte por el temor al covid, pero que tiene mucho que ver también con la falta de movilización de las bases populares, en particular las simpatizantes con el Partido de la Liberación Dominicana, lo que significó que Gonzalo Castillo obtuvo 1 millón de votos menos que Danilo Medina en 2016, los cuales se quedaron en su casa y causaron esa gran diferencia entre los votos de Abinader y Castillo.

Esta abstención manifiesta una clara erosión de la base de legitimidad de los partidos fundada en la tradicional intensa adhesión del electorado a las opciones partidarias. Este electorado no se movilizó por el clientelismo -o es inmune a él- ni tampoco fue cautivado y convocado por un discurso populista.

Aunque el apoyo a la oposición ha sido policlasista, lo que se evidencia en su triunfo en las provincias mas pobres del país, lo cierto es que el triunfo de la oposición ha sido el producto del entusiasmo militante de una clase media, que aunque se considere simple minoría intensa en un país de pobres, ha sido tradicionalmente la pieza maestra de los cambios políticos, a pesar de la ancestral desconfianza hacia una pequeña burguesía vista como oportunista y trepadora desde Marx hasta Bosch.

Son los sectores más radicalmente jacobinos de esta clase media, que creció bajo los gobiernos del PLD, los que hoy propugnan por un “lawfare” contra los funcionarios del gobierno saliente y hasta proponen gabinetes judiciales con nombres propios de ciudadanos independientes que encabecen una rápida persecución de presuntos culpables de corrupción, sea o no con reforma constitucional que fortalezca la independencia del Ministerio Público, verdadero misterio público en un ordenamiento jurídico-constitucional donde esta institución es un ornitorrinco, mitad ejecutivo, mitad judicial.

Las perspectivas en el plano económico lucen más halagadoras. Es obvio que, por la composición del gabinete en la sombra de Abinader y de las tres comisiones de transición, el nuevo gobierno se decantará por la preservación de la estabilidad macroeconómica, la reactivación economica y del empleo, el fomento del turismo, la agroindustria y las exportaciones, el acercamiento a nuestro principal socio económico que es Estados Unidos y la promoción de las asociaciones público-privadas.

Queda por ver si habrá duplicación de las prestaciones sociales, pero sí algo parece muy cierto: el Estado Social institucionalizado por el PLD permanecerá y crecerá, lo que es positivo, principalmente en tiempos de crisis economica por la pandemia. El enigma ahora es cómo se hará la necesaria reforma fiscal y cuales serán los sectores que cargarán más de ahora en adelante con el fardo tributario.

En todo caso, habrá que ver si el nuevo gobierno opta por una estrategia de pan económico y de circo judicial o si aprovecha el mandato popular recibido para enfrentar el Covid 19 y la crisis economica que son las necesidades del pueblo más inmediatas y apremiantes.