Después de haberme asomado la semana pasada al componente bancario, monetario y cambiario de nuestra crisis, expondré mi parecer sobre el reto energético y sobre los objetivos y métodos de nuestras políticas económicas.

[b]2. El reto energético. Nivel mundial[/b]

En por lo menos tres artículos anteriores, he expuesto mi visión sobre la naturaleza y causas de este verdadero problema mundial. De forma concisa, repetiré algunas de mis conclusiones anteriores.

El análisis de los problemas energéticos de muchos países, incluyendo los Estados Unidos, permite obtener algunas conclusiones generales, aunque cuantitativamente diversas.

1.1 En todas partes aumenta la dependencia para el consumo y para la inversión del petróleo como energía de los procesos económicos. Desde los esfuerzos por manejar el clima, calefacción y aire acondicionado, hasta el transporte pasando por los medios de comunicación, el modo de producción imperante, usemos el vocabulario de Marx, depende de la electricidad como energía y del petróleo como su fuente principal. Este predominio del petróleo incluye, naturalmente, el gas licuado.

1.2 Por su importancia, estamos acostumbrados a considerar la energía eléctrica como bien público por excelencia. Para los economistas, un bien público es aquel al que todos los miembros de una comunidad debe tener acceso, independientemente de sus ingresos. Como la educación básica, la salud y el agua potable, la energía eléctrica debe estar al alcance de los más pobres.

1.3 Esto significa que en una economía de mercado, los precios «deben» ser suficientemente bajos y no estar sometidos a ciclos violentos. Si esos precios son excesivos para los pobres, el Estado «debe» subsidiarlos.

1.4 Quien examina los modos de producción de muchas familias que viven al margen de empleos formales, notará enseguida que muchas de las actividades informales dependen de la energía eléctrica: salones de belleza, talleres de mecánica y desabolladura, helados y jugos caseros, etc. Igualmente importante es la electricidad para el disfrute mínimo de bienes de consumo duraderos: lavadoras de ropa, neveras, televisores, teléfonos y abanicos. No es exageración afirmar que la electricidad debe ser un «bien público». Otra breve excursión en el terreno de bienes y servicios formales industriales, comerciales, hospitalarios, restaurantes, turismo y transporte, hablan por sí solos de la precariedad de una economía moderna, respecto al precio de la energía.

1.5 Como es normal en bienes públicos importantes, la resistencia a variaciones de precio y de falta de confiabilidad de su oferta es palpable y no da cuartel. Los instrumentos de resistencia son bien conocidos: ruptura de contadores, quema de gomas, huelgas en los barrios y crítica incesante de los medios que, como el público, se fija más en los efectos que en las causas, lo que no deja de conllevar una disminución de su papel educador e informador.

1.6 Una de las mayores dificultades que encuentran las compañías generadoras, privadas o públicas, es la fijación de tarifas suficientes para renovar y modernizar la transmisión, financiar nuevas plantas y mantener ganancias competitivas con las de otros sectores. Si los precios sólo cubren costos operacionales y tratan las inversiones realizadas como «fondos hundidos», las inversiones energéticas seguirán siendo poco apetecibles.

1.7 Los precios del petróleo y sus derivados se han mantenido altos y con tendencia ascendente por nuevos factores de índole estructural dinámica, como el incremento de la participación en el producto global de economías emergentes: China, India, Corea del Sur y Japón.

1.8 Finalmente, la progresiva sustitución de gas licuado por crudo, que supondría una caída relativa del costo de energía a largo plazo, se acentúa no sólo por las elevadas inversiones en un ambiente adverso al encarecimiento de la energía por su carácter de bien público, sino por la mayor dependencia de Estados Unidos de las principales fuentes: Rusia y la zona costera entre Irán y Qatar.

[b]El caso dominicano[/b]

Los datos muestran un notable y sostenido valor de las importaciones de petróleo desde 1996 hasta el 2003: 767.5 millones en 1996, y sucesivamente 814.2, 647.9, 871.0, 1505.2 (año 2000), 1233.7 y 1300 millones para el 2002 y el 2003. El precio del barril de petróleo importado que era de 21.68 US$ en 1996, bajó a 14.66 en 1998 y 19.14 en 1999 para remontarse a 30.59 en el 2000.

Tras la devaluación del peso dominicano ocasionada por el salvamento de Baninter «la dificultad de aumentar las tarifas para mantener la viabilidad del sistema» (Anexo I Memorándum de políticas económicas, Carta al FMI) llevó al Gobierno a la compra de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte y del Sur (Edenorte y Edesur).

Puede afirmarse que esta compra ha cambiado la concepción misma de las negociaciones con el FMI que en el acuerdo Sdtand By de agosto del 2003 se centraban casi exclusivamente en la problemática de la supervisión bancaria, mientras que en enero del 2004 se busca un reordenamiento global de la economía. El cambio es el resultado del apreciable deterioro ocasionado por esta medida en los ambientes financieros internacionales, en el aumento de subsidios fiscales del 0.9% del PIB (unos 7,000 millones de pesos a la tasa irreal de 40 pesos el dólar) a la CDEE, a un déficit de 4,456 millones de pesos (Anexo I, p. 6), a la pérdida de reservas del Banco Central y a un apreciable aumento de la deuda externa pública.

Más que la compra misma, la crisis se desató por un problema que en los términos planteados por el Gobierno Dominicano es insostenible: un aumento sólo parcial de las tarifas de las empresas distribuidoras y por ende, de las empresas generadoras, unido a la imposibilidad fiscal de subsidiarlas. Es decir una solución inexistente que se manifiesta en los apagones, en el incremento de la deuda pública interna y lo que frustra las intenciones declaradas por el Presidente, el bienestar y hasta la posibilidad de sobrevivencia y de un mínimo de bienestar de los empleados informales. Es muy difícil que el Estado pueda sostener las dos empresas distribuidoras adquiridas y no es menos difícil que los adquiera el sector privado. Más bien temprano que tarde, habrá que imponer un sistema de tarifas autosuficientes. Electricidad aun más cara es mejor que tandas de electricidad nula.

3. Políticas económicas.

3.1 La diversidad de políticas económicas de este Gobierno con los dos precedentes, es notable. Parece objetivo afirmar que los dos últimos gobiernos han intentado, con mayor o menor éxito según la cooperación del Congreso, aumentar sus posibilidades de gasto público mediante el financiamiento externo, mientras que el del presidente Balaguer se resistía a préstamos externos, aún en términos muy favorables.

Esta actitud está muy correlacionada con el abandono desde mediados de los noventa, a nivel internacional, de programas de ayuda a países en desarrollo, en favor de una apertura de éstos al financiamiento externo privado. Incluso, los préstamos de organismos internacionales como el BID, el FMI y el BM, obtienen sus fondos, no ya de aportes de gobiernos, sino de la colocación de bonos en los mercados financieros. Esta dependencia financiera de las mismas grandes instituciones internacionales, lleva al FMI, como indica Stiglitz, a dar prioridad en sus programas de ajuste al pago de la deuda externa.

El mayor apoyo de este Gobierno por parte del Congreso, ha provocado un aumento del endeudamiento externo. Al endeudamiento externo hay que añadir un uso amplio del crédito interno por parte de los bancos comerciales. La deuda neta con el Banco de Reservas, negativa en 1997, se tornó positiva en 1998 (1,191.9 RD$) y pasó a 2,344.7 millones de pesos en el año 2000. Los bonos del tesoro, mínimos hasta el año 1999, pasaron a 1551.8 millones en el año 2000. En el período 1997 1999, la deuda neta del Gobierno con los bancos comerciales subió de 232.5 millones a 738.8; en el año 2001 ascendió a 2,502.4 millones. La deuda doméstica neta no financiera (emisión de certificados del Tesoro, atrasos de pago a suplidores y al sector energético y crédito neto del sector bancario al Gobierno) llegó a significar en por cientos del PIB en los años 1997 2001: 5.9%, 6.3%, 5.8%, 7.35 y 4.3%. Es innegable que desde los noventa, las finanzas públicas presentaban síntomas peligrosos.

La deuda pública externa llegó en 1995 al 33.3% del PIB, en 1999 al 21.1% y a 18.8% y 19.5% en los años 2000 y 2001. El Banco Central llegó a la conclusión, en junio del 2003, que el impacto marginal de la deuda sobre el crecimiento, se hace negativo cuando alcanza alrededor del 20% (Banco Central: Balanza de Pagos de la República Dominicana 1996 2001, junio 2003).

El rápido crecimiento del PIB hasta el año 2000, evitó efectos negativos de la deuda sobre el crecimiento económico. Pero, a posteriori, puede afirmarse que el nivel de endeudamiento externo, ya en 1995 era problemático, aunque su importancia en la crisis del 2003 es mínima. Una y otra vez, los sospechosos son el mal manejo por parte de la banca comercial de sus préstamos y su endeudamiento en dólares.

3.2 La gran diferencia entre el manejo del gasto público de este gobierno y de los dos anteriores, está en la distribución de la inversión y del gasto (a través de municipios). En los gobiernos anteriores, la inversión sumamente centralizada se hizo principalmente en la capital y en obras muy costosas, muchas necesarias. Entró así, en una característica del actual gobierno: políticas de redistribución masiva en favor de los pobres, con promesas de subsidios superiores a lo posible.

En el Anexo I, nn. 6 9 a la carta de dispensa por incumplimiento de criterios de ejecución del Acuerdo Stand By, se exponen para el sector energético los lineamientos de buena parte de las políticas del Gobierno: «El Presupuesto también incorpora un subsidio del 0.9% del PIB para la electricidad, que toma en cuenta una estrategia más amplia para mejorar la situación financiera de este sector crítico y la necesidad de proteger a los pobres del aumento de precios… Esto todavía deja un déficit de las distribuidoras estatales de electricidad, equivalente al 0.6% del PIB… En estos meses el Gobierno ha asumido mayores responsabilidades en esta materia, incluyendo la compra de dos compañías de distribución de electricidad, que estaban en dificultades. A fin de estabilizar la situación financiera del sector, hemos puesto en vigencia un plan de emergencia… Este plan incluye la introducción progresiva de ajustes a la tarifa, empezando en enero de 2004, con lo cual se elimina los costosos e innecesarios subsidios a consumidores grandes y no residenciales y se reducen los subsidios a consumidores acomodados, junto a la provisión de combustibles y subsidios presupuestarios y el uso de financiamiento del Banco Mundial y del BID… Los hogares más pobres seguirán siendo protegidos por la continuación del programa PRA de subsidios a la energía eléctrica para barrios de bajos ingresos».

El objetivo de subsidiar de alguna forma a los pobres, más allá de lo debido para no incurrir en déficits fiscales, se muestra también en productos estratégicos para el bienestar de los más desposeídos como el gas, transporte, alimentos, depositantes del Baninter y desayuno escolar. Obviamente, el Gobierno lleva adelante un plan financieramente imposible de mantener invariables ciertos precios, a pesar de su extrema penuria fiscal. Obviamente, al final, la escasez resulta inevitable.

Debemos preguntarnos qué es preferible: ciclos de escasez con precios fijos y subsidios que no bastan o mayor discriminación de precios y oferta constante. La resistencia de los «sectores acomodados» y empresariales ante la política vigente, resulta inevitable.

Consideraciones semejantes pueden hacerse sobre el incremento del gasto público en personal, con la de que ciertamente los empleos mejor remunerados son reservados a activistas locales de importancia. Nada nuevo en nuestra historia, pero factor de importancia que limita las posibilidades del Gobierno.

Otros planes de capital importancia para el bienestar de los pobres, como el fondo de pensiones y prestaciones para empleados públicos o de seguridad social para salud, tampoco han colmado las expectativas. Las metas desbordan ampliamente lo financieramente posible.

Conclusión: Este Gobierno ha buscado consecuente y hasta tercamente, objetivos de bienestar social en buena parte de su política. Ha querido mantener sus promesas a pesar de la catástrofe del Baninter y de una ya antes peligrosa situación fiscal y financiera. La falta de realismo en un nuevo ambiente ha frustrado sus objetivos. Los motivos sociales, partidistas, personales… son, como en toda acción humana, fundamentalmente invisibles. Como decía el Concilio de Trento: no sabemos si ante la mirada de Dios somos justos o pecadores.