Si al presente proceso electoral no se le reviste de la legalidad requerida, la legitimidad de los próximos gobernantes sería cuestionada, exponiendo la gobernabilidad de la nación.
Después de varios procesos relativamente satisfactorios, no imaginábamos que a medio siglo del restablecimiento de nuestra democracia íbamos a confrontar los obstáculos a los sistemas políticos y electorales que hemos encontrado en las postrimerías de la presente campaña electoral.
Ciertamente muchas de las imperfecciones pasadas eran atribuidas por la oposición de entonces al aferramiento al poder de la calificada “dictadura ilustrada”. La validez de este calificativo podía ponerse en tela de juicio ante resultados desfavorecedores del régimen imperante, como aquellos “trastrueques” de 1978.
La legitimidad del gobierno emanado en 1994 tuvo que reforzarse con el “Pacto por la Democracia” suscrito ante reclamos opositores sobre el proceso electoral de entonces. Se instituyeron reformas políticas que fueron una a una re-reformándose posteriormente, superviviendo apenas la segunda vuelta en caso de no obtenerse el 50% en la primera mientras la reelección era restablecida y las elecciones separadas reunificadas.
Las reformas contenidas en la Constitución del 2010 recompusieron nuestras instituciones electorales bajo la cursi denominación de “altas cortes” (JCE-TSE-TC)
Se hizo creer que ante estos precedentes y cursilerías de “modernidad” institucional, y la disposición presente de herramientas tecnológicas que no se disponían en el pasado, se disiparía por completo posibilidades de fraudes y los temores sobre ellos, incluyendo aquellos comparables con la calificada “dictadura ilustrada”.
Pero repentinamente surgen inconvenientes sorpresivos: La resolución de la JCE del 17/04, a 28 días de los comicios a celebrarse 15/05, estableció procedimientos reñidos con la ley electoral mientras las pruebas de los equipos electrónicas para transmitir resultados dejaban mucho que desear, haciendo resurgir, impulsados por precedentes cuasi-paranoicos, los adormecidos temores del fraude.
¿Qué explicaciones, características y razones, justifican este proceder?
Muchos la atribuyen a vocaciones dictatoriales de partidos y/o personas sobre lo cual no creemos que existan condiciones y atributos, virilidades incluidos, para intentarlo dentro de un concierto internacional en el que tan solo pensarlo resulta una temeridad. Otros la justifican en el temor de abandonar el poder para permitir la liberación de los resortes judiciales que castiguen inconductas encubridoras de procederes relacionados con la ética y eficiencia en el ejercicio de funciones públicas.
Sean estas u otras las explicaciones, lo cierto es que de repente la perfección prometida ha derivado en profundos cuestionamientos a la legalidad del proceso, afectando la legitimidad de sus resultados; lo cual habrá de obstaculizar el reconocimiento de la comunidad internacional a la cual los gobiernos del PLD nos han hecho dependiente financieramente, dificultando la gobernabilidad nacional.