¿Legalidad vs. legitimidad?

Luis Scheker Ortiz
El tema ha sido motivo permanente de discusión. Sutileza que de repente podría convertirse en vórtice político del actual proceso electoral. El voto confiere legalidad al proceso, pero no siempre legitimidad.

Apegada a la legalidad y catapultada por diferencias internas y externas  por el mal uso y abuso de los recursos del Estado para favorecer al Candidato-Presidente,  la Junta Central Electoral, igual que el gobierno electo, presionado por la situación económico-social que se avecina, podría verse en serias dificultades.

La teoría jurídica privilegia la obediencia a la ley, como valor supremo de convivencia social. Y se preocupa porque lo legal se ciña a lo moral que lo legitime. Derecho, Moral y Política son tres pilares donde descansa la sanidad de un sistema de gobierno democrático, siendo su desequilibrio fuente de confusión e inestabilidad. Lejos de ser excluyentes, se complementan enraizando lo genuinamente deseable.

El órgano que  aplica la ley  supone una superioridad que obliga a la obediencia. Pero para que ésta sea real y efectiva, no compulsiva, preciso  es que  la decisión, además  legal, responda a los fines y  valores morales que la sustentan. No bastar con decir: “dura lex sed lex”, para lograr su debido acatamiento y sumisión, si en su componente no existe la legitimidad del proceso y del fin perseguido.

La ley, como producto político, puede ser buena o mala. Estar conforme con el bienestar colectivo,  o atentar contra éste creando, su aplicación, daños y perturbaciones.  Con frecuencia responde a intereses que no contribuyen -y en cambio afectan-  al bienestar general y el desarrollo institucional de los pueblos.

Por eso el poder no practicado con equidad, moderación y prudencia, siendo su ejercicio  abusivo, deviene en  fuente de malestar social, de desorden  y violencia.

La Reforma Constitucional del 2002, que restituyó la reelección, engendro histórico de  males ancestrales, debilitó nuestra institucionalidad democrática,  estructuralmente débil, preñada de enormes desigualdades económicas y sociales.

La dictadura de Trujillo, mantenido por el terror, ilustra; también el despotismo del balaguerato. Hoy el pragmatismo toma un nombre no menos perverso: corrupción y  transfuguismo, signos generados por el  afán omnímodo de perpetuarse en el poder  con desprecio a la alternabilidad que facilita “la pacífica y progresiva evolución de la sociedad dominicana” dirigida  hacia el bien social  y el decoro de la nación.