La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) advirtió que la aprobación del proyecto de ley de registro inmobiliario quebraría al sector construcción.

José Rodríguez, presidente de ACOPROVI, explicó que en la propuesta de ley en cuestión, existe una cláusula que establece que no se puede hacer un régimen de condominio hasta que la edificación esté terminada.

«Eso simplemente sería darle un golpe mortal al sector construcción, en el actual sistema financiero, el que exige un título definitivo para otorgar el financiamiento al adquiriente de la vivienda», señaló Rodríguez, entrevistado en el Encuentro Económico de HOY.

Añadió que de aprobarse dicha pieza, el constructor de una obra tendría que esperar con un proyecto terminado uno o dos años para la emisión de un título, lo que llevaría a la quiebra al empresario de la construcción.

Además, sostuvo que terminaría con toda la posibilidad de rentabilidad del sector.

Se refiere a un proyecto de ley sometido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia, el cual fue aprobado en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su consideración, señaló Rodríguez, entrevistado en compañía de Francisco González, Leonardo López, Roberto Carvajal y Antonio Acosta, directivos de ACOPROVI.

Dijeron que directivos de ACOPROVI ya se han reunido con legisladores a quienes les hicieron observaciones en ese sentido, «pero no nos han puesto caso».

Dijeron que tampoco se les consultó al sector construcción al respecto, antes de someter el proyecto al Congreso de la República.

González, al intervenir, dijo que el argumento que han utilizado respecto a este proyecto, es que hay experiencia de algunos constructores que han quebrado teniendo proyectos sin terminar y poseen un título en base al cual han vendido.

Con el proyecto en cuestión, agregó, quieren sobre proteger al adquiriente de viviendas.

Sostuvo González que son “minoritarios y muy aislados”, los casos de constructores que han quebrado.

Entiende que a esos casos debería buscárseles solución sin que se afecte a la mayoría de los constructores con una ley como la propuesta.