La Cámara  de Diputados fue apoderada de un proyecto de resolución, mediante el que se solicita la designación de una comisión especial para fiscalizar los contratos mineros entre el Estado y la compañía Falcondo, en especial el “Proyecto Loma de Miranda”  para la extracción del níquel en las montañas de  Bonao y  la provincia de La Vega, debido a  la destrucción de más de 60 fuentes de agua que existen en estas montañas  y  que abastecen a más de 20,000 personas.

Consecuencias.   De acuerdo a la solicitud   depositada ante el organismo legislativo por  el diputado del Partido Revolucionario  Dominicano (PRD) por La Vega, Elpidio Infante, la desaparición de las fuentes de agua afectaría directamente el desarrollo de estas demarcaciones.

 Precisa el parlamentario que la persistencia de la extracción de níquel por espacio de más de 20 años por parte de Falcondo se ha constituido en el principal motivo de la desaparición de la fauna, flora y vegetación autóctona y la vida útil de los bosques, cuyos acuíferos benefician a toda la geografía nacional.

Intervención.   “Se hace necesaria la intervención del Congreso Nacional para fiscalizar las condiciones contractuales y el cumplimiento de los  contratos mineros para evitar que el Estado salga sumamente perjudicado y que las comunidades cercanas a estas montañas desaparezcan”, indicó el legislador.

Adjunto al proyecto de resolución figuran   fotografías que muestran los alegados daños ocasionados al medio ambiente.

Infante señaló, además, que se puede apreciar en cualquier vista panorámica desde las montañas de Bonao cómo va quedando la deforestación y destrucción de ríos y bosques por donde pasan las máquinas de extracción de minerales de la empresa. De igual manera, se quejó de que la Dirección General de Minería no está dando el seguimiento necesario al caso.

Suspender

En el proyecto de resolución, el legislador solicita al hemiciclo aprobar que el Ministerio de Industria y Comercio suspenda de manera provisional la extracción de níquel hasta tanto culmine la investigación y fiscalización  por parte de la comisión especial, en procura de  que, en caso de hallazgo de irregularidades, puedan tener las  soluciones inmediatas por parte de los responsables.