Si se pasa un balance sobre el comportamiento de los legisladores del partido oficialista en el Congreso Nacional, podría concluirse que los actuales son los que han tenido mayores niveles de distanciamiento frente a su partido, los que más se han distanciado y enfrentado las líneas maestras del eje programático de su Gobierno. Con su intento de despojar a los Gobiernos locales de su prerrogativa de administrar cementerios y bomberos, intentan desconocer el espíritu y enunciado de artículo 204 de la Constitución y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, enfrentando de esa manera a la Federación Dominicana de Municipios, a su propio partido, el principio de la descentralización del Estado y la institucionalidad del país.

Con su acción los legisladores vulneran el principio de totalidad de una ley, como la 176-07, intentando una selectividad de una de sus partes para ser asumida por una entidad creada por ellos para tal fin. Con la descentralización del Estado se busca hacerlo más eficiente y democrático siendo ésta una nueva concepción del estado, además de nuevo paradigma de desarrollo. Pero con su iniciativa, los legisladores crean más instancias dependientes del Ejecutivo alargando la dimensión del gobierno central y reduciendo las competencias de uno de los órganos fundamentales del Estado: el municipio. Mucho Gobierno (más funcionarios) y poco Estado (menos institucionalidad).

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Esta administración ha creado el Gabinete de Descentralización. Sin embargo, sus legisladores crean “direcciones generales” para que asuman competencias de los Gobiernos locales. Es cierto que no pocos municipios tienen serias dificultades para grado asumir sus competencias, pero nunca crecerán mientras las asuman otros y mientras los congresistas, paradójica y sostenidamente creen nuevos municipios y distritos municipales. El problema no es reducible al caso en cuestión, es un sistema político y de partidos carente de racionalidad, de visión de conjunto, de improvisaciones y prepotencia de no pocos

Por consiguiente, si estamos ante un intento de violentar la Constitución y de mutilar la Ley 176-07 que norma la gestión municipal, produciéndose un enfrentamiento entre las federaciones Dominicana de Municipios y la mayoría de los legisladores lo lógico es, como sucedería en cualquier país con un mínimo de institucionalidad, que los partidos, a comenzar con el mayoritario, fijen su posición en una disputa que no es una simple gresca interinstitucional. Fedomu debe interpelar a sus direcciones partidarias y que estas fijen una posición frente a congresistas que una vez más asumen posiciones ilegítimas.