Varios legisladores de diferentes partidos políticos no tienen la misma opinión sobre la decisión de la Procuraduría General de la República, de archivar el expediente de acoso laboral y sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez.

El diputado reformista, Máximo Castro, aprovechó lo que decidió el órgano acusador para señalar el caso que tiene abierto la entidad de control estatal e indicó que ahora se tiene elementos suficientes para que se solicite que el Pleno de la Cámara de Cuentas sea llevado a un juicio político. «Si descargan al actor fundamental en un proceso que tienen, porque salió inocente, a lo mejor también creen que es inocente en la acusación que hace el Congreso Nacional», dijo.

De su lado, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideraron que la decisión de la Procuraduría no afecta el proceso sobre las presuntas irregularidades administrativas protagonizadas los integrantes de los directivos de la Cámara de Cuentas.

Objeto de polémicas por irregularidades y denuncias de acoso

La Cámara de Cuentas lleva meses en el ojo del huracán por supuestas irregularidades que están bajo investigación y también por las denuncias contra su presidente, Janel Ramírez, por supuesto acoso sexual y laboral, caso este último que este jueves fue finalmente archivado.

El año pasado, las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleadas de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas, reclamaron sanciones penales y civiles contra Ramírez, reparación por daños y perjuicios, y un juicio político en el Congreso Nacional contra el presidente del organismo fiscalizador por esos cargos.

Este jueves el Ministerio Público puso punto final al caso y lo archivó de manera definitiva al afirmar que, “según las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual” contemplado en el Código Penal Dominicano.

La Fiscalía explicó en un comunicado que tomó esta decisión tras una “exhaustiva investigación”, que incluyó “múltiples interrogatorios, entrevistas, experticias forenses y análisis de evidencias, entre otras diligencias».

Pese al cierre de este caso, el presidente de la Cámara de Cuentas y otros cuatro miembros de la institución siguen en el centro de la polémica por supuestas irregularidades en ese organismo.

La comisión de diputados designada para investigar la situación interna en la Cámara de Cuentas recomendó en junio pasado que los cinco funcionarios sean sometidos a juicio político por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, un tema pendiente de debatirse en el Congreso Nacional.

Entre las supuestas irregularidades encontradas por los legisladores para pedir ese juicio habría alteraciones de actas y ocultación de archivos de auditorías, sesiones irregulares del pleno del órgano fiscalizador, usurpación de funciones administrativas por parte de algunos de sus miembros, traslado de personal y movimientos inadecuados, según adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.